La Junta exige al Gobierno un cambio en la Ley de Multipropiedad para evitar fraudes a los consumidores
En un contrato de multipropiedad, un mes marca la diferencia entre que la empresa que vende esté dentro o fuera de la ley. La normativa vigente exige que los contratos tengan una duración mínima de 36 meses, período a partir del cual el consumidor está protegido por el paraguas legal en caso de engaño o incumplimiento de las cláusulas contractuales. Algunas sociedades firman los acuerdos por 35 meses, un ardid en el que la mayor parte de los usuarios no repara y que los excluye de los derechos contemplados en la ley.
Para evitar abusos, engaños o fraudes, la Junta reclamó ayer al Gobier...
En un contrato de multipropiedad, un mes marca la diferencia entre que la empresa que vende esté dentro o fuera de la ley. La normativa vigente exige que los contratos tengan una duración mínima de 36 meses, período a partir del cual el consumidor está protegido por el paraguas legal en caso de engaño o incumplimiento de las cláusulas contractuales. Algunas sociedades firman los acuerdos por 35 meses, un ardid en el que la mayor parte de los usuarios no repara y que los excluye de los derechos contemplados en la ley.
Para evitar abusos, engaños o fraudes, la Junta reclamó ayer al Gobierno que modifique la legislación y elimine este requisito de modo que los consumidores puedan reclaman aún en los casos en los que los contratos tengan una duración menor a los 36 meses.
La petición fue hecha por el delegado de la Junta en Málaga, Luciano Alonso, y justificada con datos. En lo que va de año, la Administración andaluza ha registrado 90 reclamaciones por contratos de multipropiedad o tiempo compartido. Aunque la cifra es algo menor a las 120 quejas recibidas el año anterior en el mismo período, la Junta insistió en que continuará las inspecciones para impedir abusos hacia los usuarios. Las principales irregularidades registradas fueron la falta de documentación sobre el inmueble, los precios a pagar, la razón social de la empresa vendedora y su domicilio. En este sentido, Alonso aconsejó desconfiar de la contratación con sociedades radicadas en paraísos fiscales o fuera de la Unión Europea.
La advertencia fue hecha en el transcurso de la presentación de una campaña de calidad que acomete la Junta en los establecimientos de ocio de cara a exigir el cumplimiento de las exigencias establecidas por la ley.
En el apartado de parques acuáticos, el delegado de la Administración autonómica precisó que en Málaga sólo hay tres instalaciones autorizadas: Aquapark, en Torremolinos; Aquavelis, en Torre del Mar; y Aqualand, en Mijas. Aclaró que el Prado World de Estepona sólo está habilitado como parque infantil, ya que la zona de juegos acuáticos está precintada por carecer de licencia, una irregularidad por la que la empresa ha sido sancionada con una multa de nueve millones de pesetas por la Junta.
Alonso matizó que sólo una 'minoría' de empresarios no se preocupa por acatar las reglamentaciones ya que cada día hay más concienciación de los usuarios sobre sus derechos y de las empresas sobre la importancia de ofrecer calidad. Aún así, en el primer semestre del año se registraron 131 reclamaciones en restauración y hostelería, 24 más que en igual periodo de 2000.