Todos los grupos apoyan la norma que ordenará el voluntariado

Sólo el proyecto de ley del voluntariado superó ayer el trámite de su aprobación parlamentaria en el pleno sin grandes rifirrafes entre los bancos de la oposición y de la coalición del Gobierno. La tramitación de esta norma, heredada de la anterior legislatura, regula la actividad de unos 100.000 voluntarios en Andalucía y prohibe explícitamente que su labor altruista pueda utilizarse para sustituir puestos de trabajo. A pesar del consenso obtenido en el hemiciclo, no todas las organizaciones han bendecido sus contenidos. La federación andaluza de drogodependencias Enlace criticó ayer que la n...

Sólo el proyecto de ley del voluntariado superó ayer el trámite de su aprobación parlamentaria en el pleno sin grandes rifirrafes entre los bancos de la oposición y de la coalición del Gobierno. La tramitación de esta norma, heredada de la anterior legislatura, regula la actividad de unos 100.000 voluntarios en Andalucía y prohibe explícitamente que su labor altruista pueda utilizarse para sustituir puestos de trabajo. A pesar del consenso obtenido en el hemiciclo, no todas las organizaciones han bendecido sus contenidos. La federación andaluza de drogodependencias Enlace criticó ayer que la nueva ley añada 'trabas burocráticas' a su labor y el 'intervencionismo' de la Administración.

El otro proyecto heredado de la legislatura anterior -la ley de carreteras- salió adelante con el apoyo de PSOE, PA e IU. Esta iniciativa regula el dominio público viario, que comprende terrenos laterales y zonas de servicio, y clarifica el reparto de competencias. Con la aprobación de la Ley se abrirá un proceso de traspaso de la titularidad de carreteras de la Comunidad Autónoma a las Diputaciones. Como novedad, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, destacó sus aspectos ambientales, como los proyectos de restauración paisajística. A juicio del portavoz de infraestructuras del grupo del PP, Jorge Ramos, la legislación es un proyecto 'cobarde' y tardío.

Silencio ruidoso

Fue sin embargo el proyecto de ley del silencio administrativo el que suscitó mayor polémica y la votación más apurada para el Gobierno, que sacó adelante el texto con los 54 votos raspados de PSOE y PA, frente a los 53 de PP, IU y grupo mixto. Esta ley permite ampliar el plazo para notificar resoluciones en algunos procedimientos a más de seis meses y también detalla aquellos casos en los que el silencio tiene sentido desestimatorio.

Para la parlamentaria de IU, Concha Caballero, se trata de una ley censurada por todos los agentes sociales por restar apoyo a los ciudadanos. 'Los andaluces tardaremos más tiempo en saber el resultado de las gestiones', dijo. También el representante del PP, Juan Ramón Casero, criticó que los tiempos de espera se multipliquen por cinco en algunos casos. 'Una ley demasiado corta con unos anexos muy largos', ironizó. El parlamentario socialista José Antonio Marín Rite aseguró que sólo afecta a menos del 9% del tráfico administrativo.

Además en el pleno se aprobó la concesión de un crédito extraordinario para sufragar 1.107 millones de pesetas de subvenciones a los partidos políticos por los gastos de las elecciones autonómicas.