63.354 millones en derechos definidos

El Tribunal de Cuentas en su auditoria del presupuesto de la Generalitat de 1998 asegura que el déficit del ejercicio ascendió a 125.633 millones de pesetas. Una cifra que supera lo detectado por la Sindicatura de Comptes (el equivalente autonómico del TC) que fijó el déficit en 71.443 millones de pesetas. La Sindicatura ya enmendó la plana al Consell que presentó oficialmente el cierre del ejercicio con un superávit de 745 millones de pesetas.

¿Dónde está la diferencia? La diferencia fundamental estriba, según los órganos fiscalizadores, en que la Consejería de Economía incluyó en su h...

El Tribunal de Cuentas en su auditoria del presupuesto de la Generalitat de 1998 asegura que el déficit del ejercicio ascendió a 125.633 millones de pesetas. Una cifra que supera lo detectado por la Sindicatura de Comptes (el equivalente autonómico del TC) que fijó el déficit en 71.443 millones de pesetas. La Sindicatura ya enmendó la plana al Consell que presentó oficialmente el cierre del ejercicio con un superávit de 745 millones de pesetas.

¿Dónde está la diferencia? La diferencia fundamental estriba, según los órganos fiscalizadores, en que la Consejería de Economía incluyó en su haber ingresos de muy difícil cobro para equilibrar su partida de gastos y evitar el déficit contable. Para justificar esta práctica, el Consell del PP recurrió a una figura ya existente, la del 'derecho definido'. Un concepto utilizado por los socialistas para equilibrar el presupuesto básicamente en materia sanitaria. Así, los gobiernos socialistas incluían como ingreso la transferencia finalista del Insalud al Servei Valencià de Salut, que era menor del gasto real previsto para el ejercicio en este capítulo; más el 'derecho definido' que evaluaba la transferencia adicional una vez se realizase la liquidación con la Administración central entre lo transferido y lo gastado.

Es en la figura del derecho definido donde el Tribunal de Cuentas pone el dedo en la llaga al auditar la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 1998. 'Los llamados derechos definidos, cuyo saldo es de 63.354 millones de pesetas, no deben calificarse de derechos presupuestarios, ya que se trata sólo de expectativas o compromisos de ingreso', señala el órgano auditor. Unos derechos que, posiblemente, el Consell todavía sigue arrastrando y que deberían enjugarse mediante una reducción de los gastos por un montante idéntico. El Tribunal de Cuentas también pone en evidencia al Consell por utilizar la técnica futbolística de la patada hacia adelante. Así, señala que en 1998 el Gobierno valenciano reconoció obligaciones en el servicio de asistencia sanitaria por importe de 31.325 millones de pesetas, correspondientes a ejercicios anteriores a 1998, pero dejó de contabilizar como gasto anual 57.393 millones para incluirlos en ejercicios posteriores.

Estos dos aspectos, que reflejan las diferencias contables de mayor cuantía, no son los únicos detectados por el Tribunal de Cuentas que cuestiona seriamente algunas de las prácticas contables del Consell y alerta sobre la falta de control.

Entre los ejemplos más llamativos, el Tribunal de Cuentas comenta la autorización por directores de hospital, 'sin legitimación suficiente', de dos contratos por importe de 795 millones de pesetas.