Escrutinio político e investigación judicial

El escándalo político del llamado caso Formentera afloró en plena campaña electoral de las comicios autonómicos de 1999, al detectarse maquinaciones para un posible pucherazo con el voto por correo de emigrantes tanto en Argentina como en Uruguay. La Coalición de Organizaciones Progresistas de Formentera, la Cop -la alianza de PSOE, Izquierda Unida, independientes, republicanos, nacionalistas y ecologistas-, convirtió de inmediato el asunto en una denuncia judicial por supuesto fraude electoral.

Desde hace ya dos años, el juez y el fiscal de Ibiza instruyen la querella de la Cop,...

El escándalo político del llamado caso Formentera afloró en plena campaña electoral de las comicios autonómicos de 1999, al detectarse maquinaciones para un posible pucherazo con el voto por correo de emigrantes tanto en Argentina como en Uruguay. La Coalición de Organizaciones Progresistas de Formentera, la Cop -la alianza de PSOE, Izquierda Unida, independientes, republicanos, nacionalistas y ecologistas-, convirtió de inmediato el asunto en una denuncia judicial por supuesto fraude electoral.

Desde hace ya dos años, el juez y el fiscal de Ibiza instruyen la querella de la Cop, mientras que una comisión de investigación del Parlamento balear, en paralelo, efectúa un escrutinio sobre las posible implicaciones políticas e institucionales en el caso Formentera del ex Gobierno del Partido Popular, con el actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, al frente.

La sospecha de la eventual manipulación surgió del aluvión de nuevas inscripciones en el censo de ausentes para sufragios por correo que llegaban desde Argentina. En Formentera -de unos seis mil habitantes- casi todos se conocen de toda la vida y saben dónde tienen parientes emigrantes. Ninguno de los vecinos identificaba a los nuevos electores y la casi totalidad de las papeletas de origen lejano y extraño resultaron conservadoras. Al destaparse los sobres, sólo dos fueron a la lista de izquierda, el resto a la propiciada por el PP.

El partido de Matas, en su congreso de octubre de 1999, atribuyó al error de Formentera parte de las causas de su pérdida del poder en Baleares, pero siempre rechazó responsabilidades. En los últimos días, el Partido Popular ha movido ficha en el entorno judicial, ante el eventual ascenso del caso al Tribunal Supremo: se ha personado en la causa el ex juez Rafael Perera, el penalista que defendió al ex presidente de Baleares y del PP Gabriel Cañellas, en el juicio por corrupción del caso Sóller en 1995.

Perera, militante del PP asociado al Opus Dei, fue promocionado por Jaume Matas a juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, después de actuar como defensor de Gabrial Cañellas.