Menos aún
Uno, dos y tres son los delitos que el fiscal Vargas, y la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, consideran que pueden imputarse al ministro de Asuntos Exteriores. Exigen que se le cite a declarar como imputado. Hasta aquí la cosas o las cosas, puesto que son tres, no tendrían otra importancia sino la que tiene: que los fiscales, salvo Cardenal y José María Aznar que los nombró (a Cardenal y al ministro), dudan razonablemente de las bondades legales del ministro como director de Estrategia Corporativa en Ercrós.
Sin embargo, esto es hasta aquí. En cambio, hasta allí sí tiene otra impo...
Uno, dos y tres son los delitos que el fiscal Vargas, y la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, consideran que pueden imputarse al ministro de Asuntos Exteriores. Exigen que se le cite a declarar como imputado. Hasta aquí la cosas o las cosas, puesto que son tres, no tendrían otra importancia sino la que tiene: que los fiscales, salvo Cardenal y José María Aznar que los nombró (a Cardenal y al ministro), dudan razonablemente de las bondades legales del ministro como director de Estrategia Corporativa en Ercrós.
Sin embargo, esto es hasta aquí. En cambio, hasta allí sí tiene otra importancia: que una vez más, y son muchas, pueden volver a pasear por juzgados y tribunales quienes están encargados de cuidar el patrimonio y los intereses públicos como si nada.
Esta realidad también la tenemos en casa. En Andalucía, el delegado provincial de Obras Públicas de Granada (PSOE) está acusado por prevaricación. En Huelva, en el conocido caso Isla Chica, el TSJA ha devuelto los autos al juzgado para que se investiguen posibles delitos públicos que pueden haberse cometido por el Ayuntamiento, que está gobernado por el PP. En Almería, se ha cerrado el caso Audi, que se abrió por la compra fraudulenta de un coche. Al término de la investigación, se ha considerado que la responsabilidad es de dos funcionarios. No se les impone sanción porque la falta está prescrita. Y lo peor, dicen los que saben de cajas, está por llegar.
No, no es razonable que algunos políticos, algunos jueces y algunos gobernantes (entre todos son un puñao) estén, o puedan estar, más tiempo en los juzgados que en sus despachos. Menos que los partidos no sean beligerantes con esos comportamientos. Y, menos aún, que siga callando el PP cuando afecta a sus políticos y les defienda hasta del fiscal, cuando antes dijeron lo contrario. Fue cuando diferenciaron entre responsabilidad penal y política. Sin embargo, puede que al final algo se llegue a entender. La semana pasada, en una entrevista en El Correo de Andalucía, se preguntó a Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, cuál era la mayor mentira. Contestó: '... que los políticos no mienten'. Él sabrá. Es político y antes, cuando la oposición, se escuchó lo contrario.