Siguen las ejecuciones
El presidente George W. Bush ha dejado inequívocamente claro que no tiene intención de replantearse su apoyo incuestionable a la pena de muerte, dejando de esta manera en manos de cada Estado y del Tribunal Supremo la revisión y aplicación efectiva de las condenas. La pasada semana, George W. Bush tuvo que defender la pena de muerte en Estados Unidos frente a las feroces críticas que recibió durante su viaje por varios países europeos (...) y rechazó intervenir para conseguir un retraso de la ejecución federal de Juan Garza, convicto traficante de drogas y asesino, segundo ejecutado federal tr...
El presidente George W. Bush ha dejado inequívocamente claro que no tiene intención de replantearse su apoyo incuestionable a la pena de muerte, dejando de esta manera en manos de cada Estado y del Tribunal Supremo la revisión y aplicación efectiva de las condenas. La pasada semana, George W. Bush tuvo que defender la pena de muerte en Estados Unidos frente a las feroces críticas que recibió durante su viaje por varios países europeos (...) y rechazó intervenir para conseguir un retraso de la ejecución federal de Juan Garza, convicto traficante de drogas y asesino, segundo ejecutado federal tras Timothy McVeigh, el primer condenado a muerte ejecutado después de que hubieran pasado 38 años sin que hubiera ninguno en EE UU. (...) El gobernador de Tejas no ha firmado una ley prohibiendo la ejecución de reos retrasados mentales. (...) El Tribunal Supremo ha accedido a estudiar un caso sobre este particular basándose en que se está violando la octava enmienda. (...) Existe cierta esperanza de que el Tribunal Supremo concluya que existe cierto consenso nacional en contra de la ejecución de reos retrasados mentales. (...) Cada vez más, la pena de muerte está haciendo de Estados Unidos un paria entre las democracias del mundo. (...) Además de erosionar el liderazgo de EE UU en temas relativos a los derechos humanos, la pena capital amenaza con obstruir la cooperación internacional para lograr la aplicación de la ley, puesto que un número cada vez mayor de países denegarán la extradición de presos si llegado el caso pueden ser ejecutados.
Nueva York, 19 de junio