Garzón investigará a los etarras entrevistados, pero no a los periodistas del diario 'Gara'

Garzón ha acordado que la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se tramitará por los presuntos delitos de amenazas terroristas y justificación de actos terroristas "respecto de las personas no conocidas" que aparecen en la entrevista publicada por los citados medios. El juez explica en su auto que resulta evidente que la acción ejercitada por el fiscal acierta, ya que el contenido de la entrevista es presumiblemente delictivo y esto permite actuar contra los entrevistados, supuestos miembros de ETA que identifican objetivos futuros de la banda, señalando las condiciones y circunstan...

Garzón ha acordado que la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se tramitará por los presuntos delitos de amenazas terroristas y justificación de actos terroristas "respecto de las personas no conocidas" que aparecen en la entrevista publicada por los citados medios. El juez explica en su auto que resulta evidente que la acción ejercitada por el fiscal acierta, ya que el contenido de la entrevista es presumiblemente delictivo y esto permite actuar contra los entrevistados, supuestos miembros de ETA que identifican objetivos futuros de la banda, señalando las condiciones y circunstancias en las que "se concretarán las amenazas y acciones contra las víctimas".

Pero no ocurre lo mismo con los entrevistadores, Otamendi y Aizpurua, porque "en principio no se observa que hayan realizado una acción diferente a la que autoriza el derecho a transmitir información veraz, por cuanto las preguntas que formulan, a excepción de una en la que parece sugerir el entrevistador el sentido de la respuesta contra aquellos que no hagan lo que la pregunta sugiere, son preguntas objetivas y asépticas". El juez reconoce que tales preguntas están en la línea que interesa a los periodistas y en ellas "no existe valoración o sugestión previa que indique que dichos entrevistadores pretenden amenazar, coaccionar o justificar los actos terroristas, intención que sí se observa en los entrevistados".

La única pregunta en la que no se aprecia la objetividad descrita es, según Garzón, la que decía: "Por ejemplo, si un grupo de concejales de UPN [Unión del Pueblo Navarro, partido gobernante en Navarra] hiciera un gesto y pidiera a su ejecutiva que traiga a Euskal Herria a los presos de Navarra ¿eso supondría que dejaría de ser objetivo de ETA?". En esta pregunta, el entrevistador "parece sugerir el sentido de la respuesta contra aquéllos que no hagan lo que la pregunta sugiere", dice el auto.

Pese a ello, el juez Garzón entiende que no puede criminalizarse a los entrevistadores y sus empresas, por cuanto la transmisión de la noticia a través de los periódicos que dirigen no contribuye a darle mayor contenido delictivo a la entrevista.

El auto explica que la entrevista lo que hace es constatar hechos que ya se han producido o que son conocidos, es decir, "no aporta elementos nuevos sobre cuáles han sido y son los objetivos de ETA, al margen del juicio que merezca la actitud cínica y grosera de los entrevistados cuando describen las acciones criminales y las causas".

De ahí que su publicación no contribuya a dar a la entrevista mayor contenido delictivo. Por eso, no se puede aplicar el artículo 30 del Código Penal, argumentado por el fiscal, que establece el precepto de responsabilidad en cascada, por el que primero responde el autor de la información, en su defecto el director del medio, luego el editor y, por último, el impresor.

En este sentido, Garzón tampoco considera necesario ordenar el secuestro, solicitado por el fiscal, de los ejemplares de Garaen los que aparecía la entrevista, y se limita a pedir a la Delegación del Gobierno en el País Vasco que le haga llegar uno, y a los directores citados que le entreguen el soporte en audio de la entrevista o el formato original de la misma. Además, pide a la Unidad Central de Inteligencia que redacte un informe sobre la autoría del contenido de la entrevista, que en principio se atribuye a ETA.

El portavoz del Gobierno vasco en funciones, Josu Jon Imaz, utilizó ayer los términos "error" y "dislate" para definir la iniciativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y pidió que se tengan en cuenta sólo "criterios jurídicos", aunque quiso dejar claro que el Ejecutivo autónomo no comparte ninguno de los argumentos esgrimidos por los portavoces de ETA en la entrevista. Imaz recordó que hace tiempo se inició un procedimiento similar y el juez decidió que el derecho a la información está por encima de "una interpretación laxa" de la apología del terrorismo.

Los partidos nacionalistas reaccionaron también con críticas. El portavoz de la ejecutiva del PNV, Joseba Egibar, calificó la iniciativa fiscal de "precipitada" e "infundada". "Es evidente que algo se cierne sobre Gara".

El secretario general de EA, Gorka Knörr, dijo que la querella se enmarca en una estrategia fracasada e instó a los socialistas a que "no amparen este tipo de comportamientos".