Por fin
Ya tenemos anteproyecto de Ley del Suelo. Se ha hecho esperar bastante: cuatro años, un tiempo en el que se han producido grandes desastres urbanísticos sin que la Junta tuviera la posibilidad de intervenir. Este tiempo también ha servido para experimentar hasta qué punto es un error dejar todo el poder en manos de los ayuntamientos siguiendo una rigurosa interpretación del principio de autonomía municipal.
No es sólo que, como demuestra la experiencia, no resulte difícil corromper a un ayuntamiento. Sucede también que la excesiva cercanía de la toma de decisiones en materia urbanística...
Ya tenemos anteproyecto de Ley del Suelo. Se ha hecho esperar bastante: cuatro años, un tiempo en el que se han producido grandes desastres urbanísticos sin que la Junta tuviera la posibilidad de intervenir. Este tiempo también ha servido para experimentar hasta qué punto es un error dejar todo el poder en manos de los ayuntamientos siguiendo una rigurosa interpretación del principio de autonomía municipal.
No es sólo que, como demuestra la experiencia, no resulte difícil corromper a un ayuntamiento. Sucede también que la excesiva cercanía de la toma de decisiones en materia urbanística la hace más vulnerable a las presiones. Puede ocurrir incluso que una resolución que hipoteque el futuro de una ciudad obedezca a razones exclusivamente de coyuntura electoral sin contar con sus consecuencias.
Pero estos inconvenientes se convierten en ventajas para los grupos de presión del sector de la construcción y para los especuladores en general. Quizá por eso no sea extraño que el PP se oponga al anteproyecto de Ley del Suelo por considerarla 'una agresión al principio de autonomía municipal', según palabras del portavoz de Infraestructuras del PP andaluz, Jorge Ramos.
Los que han participado en su redacción dicen que el anteproyecto garantiza cierto control de la Junta a la vez que respeta los límites de la autonomía municipal, ya que, si no fuera así, la Ley podría ser declarada inconstitucional.
En estos momentos, el anteproyecto está en el Consejo Económico y Social de Andalucía, trámite previo a su paso por el Parlamento. Es de temer que en esta fase se le trate de aguar para quitarle fuerza. Es sabido lo sensible que suele ser el Gobierno andaluz a las presiones del empresariado. Tanto, que uno a veces se pregunta si no sería más sencillo que, directamente, se cediera el poder a la derecha.
Existe ya el precedente de la ecotasa, a la que se ha puesto todo tipo de zancadillas, argumentando que los empresarios del sector turístico estaban en contra. Lógico: ¿qué empresario está a favor de un nuevo impuesto?
Lo curioso del caso es que alguna de las zancadillas contra la ecotasa provenía de organismos regidos por socialistas, como el Patronato de Promoción del Turismo de Málaga, una entidad tan anacrónica como bien dotada presupuestariamente, que permanece anclada en los tiempos del turista un millón y parece más interesada en la promoción política de sus responsables que en la del turismo: hasta el punto de que gasta más dinero en invitar a periodistas malagueños a viajar por el mundo que en dar a conocer Málaga a la prensa especializada extranjera.
La Ley del Suelo es, probablemente, la más importante que pasará por el Parlamento andaluz esta legislatura. De ella dependerá, entre otras cosas, el restablecimiento del orden urbanístico, cada día más desafiado por alcaldes sospechosamente insumisos, y la eliminación de operaciones especulativas que mantengan ociosas parcelas de suelo urbano.
Sería una buena noticia que la Ley salga enriquecida -y no descafeínada- de su paso por el Consejo Económico y Social y por el Parlamento andaluz.