Columna

Menudos tiempos

Unos ciudadanos se reúnen en el salón de un hotel para intercambiar opiniones y, al poco, aparecen unos policías que les conminan a abandonar el local porque no disponen del correspondiente permiso para hablar. Escenas como ésta se vivieron a menudo durante el franquismo sin que nadie se sorprendiera en demasía: era un riesgo asumido.

Unos ciudadanos pretenden reunirse en el salón de un hotel financiado con sus impuestos, pero se encuentran con un cartel que dice: 'negros, no'; 'judíos, no', 'rojos, no', 'socialistas, no'. O, en un lenguaje más políticamente correcto: 'reservado el dere...

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Unos ciudadanos se reúnen en el salón de un hotel para intercambiar opiniones y, al poco, aparecen unos policías que les conminan a abandonar el local porque no disponen del correspondiente permiso para hablar. Escenas como ésta se vivieron a menudo durante el franquismo sin que nadie se sorprendiera en demasía: era un riesgo asumido.

Unos ciudadanos pretenden reunirse en el salón de un hotel financiado con sus impuestos, pero se encuentran con un cartel que dice: 'negros, no'; 'judíos, no', 'rojos, no', 'socialistas, no'. O, en un lenguaje más políticamente correcto: 'reservado el derecho de admisión'. Razón última para que un felpudo del poder pueda reclamar el desalojo de tan indeseables individuos por parte de unos agentes de la policía que no dudan en ponerse al servicio de un delator en funciones de comisario político.

No hay literatura en el relato de los hechos, ocurrieron el pasado martes en un hotel de Tabarca, Alicante, Comunidad Valenciana, España, un estado de derecho democrático. El jefe de la policía local de Alicante impidió, a petición del concesionario del hotel de la isla, a unos ciudadanos, para mayor inri representantes del pueblo en su condición de concejales y diputados, que pudieran ofrecer una rueda de prensa. Y no pasa nada.

El alcalde de la ciudad, lejos de abrir un expediente informativo y depurar responsabilidades, se refugia en su ignorancia para no tomar medidas ante una actuación fascista -no exagero-. El jefe de la policía parece ignorar la existencia de la Constitución y el concesionario actúa como un señor feudal en la isla. Y no pasa nada. Ante una situación que debería ser declarada de emergencia democrática, los unos miran para un lado y los otros -los socialistas- se limitan a meras protestas formales cual si fueran diplomáticos de carrera. Incapaces de entender que lo que está en juego -y lo de Tabarca es un síntoma de una enfermedad mucho más grave- no es sólo su derecho a reunirse donde quieran y con quien quieran, sino el derecho de los ciudadanos a discrepar, a opinar y a manifestarse sin que les corran a gorrazos. Menudos tiempos estos.

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