El juez considera probado que no se registró el cambio en la Variante Este
El juez que investiga la carencia de tramitación urbanística en la construcción de la Variante Este, la autovía de acceso a Bilbao en servicio desde julio, estima probado que el Ayuntamiento no dispone de documentación que registrara el cambio en el proyecto. En noviembre pasado, la Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO) presentó su última denuncia sobre este vial -cuyo proyecto y expropiaciones de terrenos han sido anulados anteriormente-, aportando documentación del consistorio bilbaíno según la cual no constaba la tramitación urbanística pertinente. En cambio, denunciaba un 'cambiazo' d...
El juez que investiga la carencia de tramitación urbanística en la construcción de la Variante Este, la autovía de acceso a Bilbao en servicio desde julio, estima probado que el Ayuntamiento no dispone de documentación que registrara el cambio en el proyecto. En noviembre pasado, la Asociación de Familias de Otxarkoaga (AFO) presentó su última denuncia sobre este vial -cuyo proyecto y expropiaciones de terrenos han sido anulados anteriormente-, aportando documentación del consistorio bilbaíno según la cual no constaba la tramitación urbanística pertinente. En cambio, denunciaba un 'cambiazo' de planos en el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao para justificar la legalidad de un vial que inicialmente estaba previsto que fuera una carretera con dos carriles y se convirtió luego en una autovía.
El Tribunal Superior vasco, en la primera providencia sobre esta denuncia, comunica las pruebas documentales admitidas, entre las que se encuentran actas de reuniones del Ayuntamiento bilbaíno en las que se habló de este vial y el expediente enviado al Gobierno para su inclusión en el Plan General de Carreteras en el País Vasco. Sin embargo, no admite la petición tanto al Ayuntamiento como a la Diputación para que certifiquen el cambio en el proyecto, que según ambas instituciones se realizó en junio de 1994. 'Resultan innecesarias [estas pruebas], toda vez que el Ayuntamiento en su contestación reconoce que no recibió' documentos oficiales que certificasen el cambio en el proyecto.
El Superior rechaza 'sin perjuicio de su práctica de considerarla necesaria' la toma de declaración a una quincena de personas, entre ellas 6 cargos públicos.