La ley dejará a los municipios expropiar suelo si el propietario no lo edifica

La futura Ley del Suelo facultará a los Ayuntamientos para que puedan expropiar terrenos si sus propietarios no han edificado en ellos antes de un año. Con esta disposición, el Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón pretende poner la mayor cantidad posible de suelo en el mercado, con objeto de rebajar así su precio.

El proyecto legislativo, que fue enviado ayer a la Asamblea para su tramitación parlamentaria,ha sido modificado, en relación con lo presentado el pasado febrero, para introducir esta novedad.

Según Ruiz-Gallardón, el nuevo texto cuenta con 'un amplio consenso so...

La futura Ley del Suelo facultará a los Ayuntamientos para que puedan expropiar terrenos si sus propietarios no han edificado en ellos antes de un año. Con esta disposición, el Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón pretende poner la mayor cantidad posible de suelo en el mercado, con objeto de rebajar así su precio.

El proyecto legislativo, que fue enviado ayer a la Asamblea para su tramitación parlamentaria,ha sido modificado, en relación con lo presentado el pasado febrero, para introducir esta novedad.

Según Ruiz-Gallardón, el nuevo texto cuenta con 'un amplio consenso social' como resultado del 'diálogo permanente' mantenido con los diversos sectores afectados, y, sobre todo, con la Federación de Municipios del Madrid. Sin embargo, Modesto Nolla, responsable de Urbanismo del PSOE-Progresistas, se preguntaba ayer: '¿Con quién ha pactado el Gobierno? Porque con la oposición, no'. En la misma línea se expresó UGT.

El proyecto de Ley del Suelo que el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón presentó el pasado febrero sufrió ayer un nuevo cambio, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Los ayuntamientos podrán expropiar ahora suelos recalificados si sus propietarios no los han edificado antes de un año. Con esta medida, la Comunidad busca poner la mayor cantidad de suelo posible en el mercado y rebajar así su precio. El anterior anteproyecto sólo confería esta prerrogativa a los particulares. Pero las quejas de los municipios -que se consideraban discriminados con respecto a los promotores privados- han hecho mella en el Gobierno, que ha terminado por cambiar el primer proyecto de ley.

A lo que el Ejecutivo ha hecho oídos sordos ha sido a los lamentos municipales de no poder organizar subastas públicas de suelo. El Gobierno de la Comunidad, con el fin de abaratar al máximo el precio de las viviendas, obligará a que la venta de suelo público se realice siempre mediante concursos y no por subastas, como hasta ahora venían haciendo los ayuntamientos. La diferencia entre estos dos tipos de venta es que el precio final del suelo en las subastas es más alto que en los concursos, donde, además de la oferta pecuniaria del comprador, se contemplan otros aspectos (cesiones, mejoras, solidez económica de los adquirentes). Hasta ahora, los municipios utilizaban las subastas como uno de sus grandes medios de financiación.

Consenso social

Según Ruiz-Gallardón, este nuevo proyecto cuenta con 'un amplio consenso social', consecuencia del 'diálogo permanente con los sectores afectados, muy especialmente la Federación de Municipios de Madrid'. Pero Modesto Nolla, responsable de Urbanismo del grupo PSOE-Progresistas, se preguntaba ayer 'con quién ha pactado el Gobierno, porque con la oposición no'. 'Si exceptuamos unas escasas modificaciones, a mí me parece el mismo texto que el que fue ampliamente respondido por los sectores sociales y políticos de la región', dijo. En la misma línea se manifestó ayer UGT, que aseguró que el proyecto nacía con 'falta de consenso', puesto que no ha atendido, en su opinión, las recomendaciones del Consejo Económico y Social.

El Ejecutivo regional sí ha modificado, en cambio, el artículo del anteproyecto que permitía la edificación de viviendas unifamiliares 'aisladas' en las zonas de máxima protección medioambiental. El nuevo texto aprobado por el Consejo de Gobierno no permite ahora estas construcciones. El texto aprobado por el Ejecutivo fue enviado ayer a la Asamblea -donde el PP tiene mayoría- para su debate parlamentario.