Mas achaca a la 'picaresca' y las mafias las colas de extranjeros
La delegada del Gobierno en la Comunidad, Carmen Mas, admitió ayer que las colas de inmigrantes 'van en aumento en los últimos días' y dijo que esta situación se explica por 'la picaresca' de personas desplazadas desde otras comunidades que intentan acogerse a la regularización, pese a estar limitada a los sin papeles que se encuentren en alguna de las provincias valencianas. 'La desesperación y la actuación de las mafias' son otros de los factores a los que se refirió la delegada del Gobierno para justificar la afluencia masiva de extranjeros. Mas, sin embargo, apuntó que no existe nin...
La delegada del Gobierno en la Comunidad, Carmen Mas, admitió ayer que las colas de inmigrantes 'van en aumento en los últimos días' y dijo que esta situación se explica por 'la picaresca' de personas desplazadas desde otras comunidades que intentan acogerse a la regularización, pese a estar limitada a los sin papeles que se encuentren en alguna de las provincias valencianas. 'La desesperación y la actuación de las mafias' son otros de los factores a los que se refirió la delegada del Gobierno para justificar la afluencia masiva de extranjeros. Mas, sin embargo, apuntó que no existe ninguna denuncia sobre la presunta intervención de mafias en el proceso y puso de relieve que, para evitar que inmigrantes de otras provincias se beneficien del programa de regularización se va a ser 'escrupuloso' a la hora de determinar quienes estaban en la Comunidad antes del 23 de enero de este año.
Para evitar problemas con la documentación, desde organizaciones como el Servicio de Atención Jurídica a Inmigrantes de CGT, se ha alertado a los inmigrantes de la 'práctica constante' de contratos de trabajo falsos. Ante el peligro de que los extranjeros se vean tentados a acudir a mafias, la abogada de CGT María Ruiz advirtió que sólo se fíen de entidades que preseten servicios gratuitos y que trabajan habitualmente con inmigrantes.
La afluencia de gente ayer fue tal que muchas de las personas que acudieron a la oficina de extranjeros de Valencia a realizar trámites ordinarios tuvieron que aplazarlos. Fue el caso de Jaime Pastilla y Verónica Castellanos, un matrimonio de ecuatorianos. Él pretendía recoger sus permisos y ella solicitar la vuelta a Quito a través del programa de retorno voluntario que ofrece el ministerio de Interior. Pero ante el alud de personas alineadas a las puertas de la Delegación del Gobierno, desistieron y lo dejaron para otro día.
Tanto los funcionarios de las distintas oficinas de extranjeros como las organizaciones no gubernamentales están insitiendo en que no hay fecha límite para que los inmigrantes puedan solicitar su permiso de trabajo y residencia, de forma que no hay ninguna prisa en cumplimentar la documentación que tienen que presentar para poder acogerse al programa. Desde los dos ámbitos se subraya que lo importante es presentar la documentación requerida y demostrar con algún documento público que el solicitante se encontraba en la Comunidad antes del 23 de enero. Otro de los aspectos en los que insiste la Administración es que son las ONG las encargadas de recoger las solicitudes. La propia Carmen Mas realizó un llamamiento a la 'calma y la tranquilidad' a los inmigrantes que acuden a las oficinas de extranjeros y les recordó que 'la tramitación se va a realizar a través de las ONG'.
De hecho, ayer era común ver a los mismos grupos de inmigrantes primero en la cola de la Oficina de Extranjeros y después, una vez informados de las ONG que participan en la recogida de documentación, en el Centro de Información de Trabajadores Migrantes (Citmi) de Comisiones Obreras, a varios centenares de metros de distancia.
Multa de 72 millones
Por otra parte, la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia detectó durante el primer trimestre de este año la presencia de 124 inmigrantes sin permiso de trabajo empleados en una cooperativa agrícola. Los sin papeles, que trabajaban para la misma cooperativa en la recolección de naranjas, fueron descubiertos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo que encontraron indicios de delito, dieron traslado a la fiscalía y extendieron un acta de infracción por importe de 72 millones de pesetas. A los empleados se les deducía de su salario el importe correspondiente al desgaste de las herramientas que utilizaban, así como el coste de las furgonetas que transportaban la fruta recogida y a los propios inmigrantes hasta los almacenes de la cooperativa.