Fuerte demanda de créditos para paliar el efecto del alza del gasóleo
El sector agrario español ha presentado solicitudes de créditos blandos por un montante de unos 230.000 millones de pesetas al amparo de las medidas de apoyo adoptadas para el campo por el Gobierno con motivo de la subida de los precios de los combustibles el pasado otoño.
La Administración había puesto sobre la mesa ayudas para conceder solamente 35.000 millones de pesetas de préstamos.Por esta razón, se deberá proceder a un prorrateo de los créditos. El acuerdo contemplaba que la gestión de los créditos se realice entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones firmante...
El sector agrario español ha presentado solicitudes de créditos blandos por un montante de unos 230.000 millones de pesetas al amparo de las medidas de apoyo adoptadas para el campo por el Gobierno con motivo de la subida de los precios de los combustibles el pasado otoño.
La Administración había puesto sobre la mesa ayudas para conceder solamente 35.000 millones de pesetas de préstamos.Por esta razón, se deberá proceder a un prorrateo de los créditos. El acuerdo contemplaba que la gestión de los créditos se realice entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones firmantes, que, en este caso, fueron Asaja, UPA y la Confederación de Cooperativas Agrarias.
Esta demanda masiva de créditos ha causado sorpresa entre las propias organizaciones agrarias ante el escaso interés que tradicionalmente han despertado los préstamos baratos en el campo. En campañas precedentes, con motivo de situaciones catastróficas como sequía o inundaciones, no se llegaron a cubrir programas de créditos a un interés prácticamente cero.
En el caso de las medidas articuladas para compensar la subida de los precios de los carburantes, el tipo de interés previsto por el Ministerio de Agricultura se sitúa en el entorno del 3,6%.
Esta fuerte demanda de créditos blandos al hilo de las medidas de apoyo por la subida de los precios del gasóleo, coincide con la decisión comunitaria de abrir una investigación sobre esta medida de la Administración española por si la misma pudiera afecta al desarrollo de la libre competencia.