Querella del PSOE contra Gil por pagar a sus abogados con dinero público
La decisión del equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) de autorizar el pago, con dinero municipal, de minutas superiores a los 300 millones de pesetas a los abogados que han defendido pleitos relacionados con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y sus concejales han provocado las críticas del PSOE y el Partido Popular. Los socialistas han anunciado que acudirán a la vía penal.
La medida, adoptada en la última comisión de gobierno, contempla el pago de 250 millones de pesetas al ex abogado de Gil, José Luis Sierra, y más de 23 millones al actual asesor municipal, José Mar...
La decisión del equipo de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) de autorizar el pago, con dinero municipal, de minutas superiores a los 300 millones de pesetas a los abogados que han defendido pleitos relacionados con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, y sus concejales han provocado las críticas del PSOE y el Partido Popular. Los socialistas han anunciado que acudirán a la vía penal.
La medida, adoptada en la última comisión de gobierno, contempla el pago de 250 millones de pesetas al ex abogado de Gil, José Luis Sierra, y más de 23 millones al actual asesor municipal, José María del Nido, además de otras cantidades a la hermana de este último y procuradora de profesión. Sierra llegó a presentar hasta cinco reclamaciones en los juzgados por cantidades superiores a los 348 millones, que al final se han reducido a 250 millones más IVA, que se abonará en mensualidades de 10 millones.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos, aseguró ayer que muchas de estas minutas 'corresponden a pleitos particulares y no sólo municipales', y acusó al ex letrado de Gil, José Luis Sierra, de 'inflar' las facturas en causas en las que considera 'no ha tenido prácticamente actividad ninguna'. 'Estamos dispuestos a acudir a los tribunales para exigir responsabilidades', señaló la concejal, que estudia presentar una querella por malversación de fondos públicos. Según García Marcos el letrado ha sobrevalorado su trabajo 'con minutas escandalosas'. La edil ha solicitado los expedientes completos de estos pagos, 'para ver si se ajustan a las tarifas establecidas por el Colegio de Abogados'.
También la concejal del PP, Francisca Caracuel, ha pedido los soportes contables de estos gastos, por si se ha cometido un desvío fraudulento de fondos del erario público. El Partido Popular exige además que el GIL asuma personalmente el pago de los más de 2.000 millones de pesetas que reclama una promotora a la que el equipo de gobierno retiró la licencia de obras para construir en una zona verde, en el Pecho de las Cuevas, un año después de autorizarla.
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