CC OO acusará a los empresarios que empleaban 'sin papeles' de amenazarlos
El sindicato se personará el martes ante el juzgado que instruye el caso
Comisiones Obreras se personará el martes en el caso que un juzgado de Barakaldo investiga sobre la explotación de 14 inmigrantes colombianos en situación ilegal, que trabajaban en varias obras de la Margen Izquierda y que costó la detención de dos empresarios de la construcción. El sindicato añadirá una denuncia por amenazas. Según CC OO, dos de los extranjeros implicados han recibido llamadas telefónicas del entorno familiar de los detenidos amenazándoles para que no declaren en la investigación judicial.
El asunto está todavía en fase de elaboración de las diligencias previas, que de...
Comisiones Obreras se personará el martes en el caso que un juzgado de Barakaldo investiga sobre la explotación de 14 inmigrantes colombianos en situación ilegal, que trabajaban en varias obras de la Margen Izquierda y que costó la detención de dos empresarios de la construcción. El sindicato añadirá una denuncia por amenazas. Según CC OO, dos de los extranjeros implicados han recibido llamadas telefónicas del entorno familiar de los detenidos amenazándoles para que no declaren en la investigación judicial.
El asunto está todavía en fase de elaboración de las diligencias previas, que determinarán si hay indicios de delito en el comportamiento de los dos arrestados al contratar a 14 sin papeles para realizar arreglos en tejados y fachadas. Los dos empresarios, padre e hijo, fueron puestos en libertad sin fianza tras prestar declaración ante la juez.
CC OO cree que los empresarios han atentado contra los derechos de los trabajadores y han incumplido la Ley de prevención de riesgos laborales. Pero, además, el sindicato entiende que han violado varios artículos del Código Penal, entre ellos los que hacen referencia a la situación de superioridad del empresario para imponer condiciones gravosas y el tráfico ilegal de trabajadores. 'El problema es que la judicatura es muy reacia a admitir delitos penales relacionados con el ámbito laboral', señala el sindicato. Este caso tiene el antecedente de la red de explotación de trabajadores ecuatorianos, desmantelada en Basauri el año pasado. El empresario tuvo que pagar la indemnización laboral, pero la denuncia penal fue sobreseída.