El Defensor del Pueblo se inclina por no recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Extranjería

Múgica Hérzog -a quien dentro de la institución le corresponde en exclusiva la decisión sobre la presentación de recursos de amparo y de inconstitucionalidad- es partidario de no recurrir la Ley de Extranjería, cuyo articulado referido a los derechos de los inmigrantes ha sido puesto en cuestión por asociaciones, partidos e instituciones, según las fuentes consultadas. La posible presentación del recurso ha sido ya tratada en las oficinas del Defensor del Pueblo, donde se han celebrado varias reuniones preliminares durante las que han quedado claras las posturas.

El asunto ha sido trata...

Múgica Hérzog -a quien dentro de la institución le corresponde en exclusiva la decisión sobre la presentación de recursos de amparo y de inconstitucionalidad- es partidario de no recurrir la Ley de Extranjería, cuyo articulado referido a los derechos de los inmigrantes ha sido puesto en cuestión por asociaciones, partidos e instituciones, según las fuentes consultadas. La posible presentación del recurso ha sido ya tratada en las oficinas del Defensor del Pueblo, donde se han celebrado varias reuniones preliminares durante las que han quedado claras las posturas.

El asunto ha sido tratado esta misma semana en el seno de la junta de coordinación de la entidad, de la que son miembros natos, según el reglamento de la casa, el propio defensor, sus dos adjuntos y el secretario general (con voz pero sin voto). Además, suele participar el responsable del área en la que está inmerso el asunto a tratar (la de Interior en este caso) y pueden ser invitados los asesores que el defensor crea convenientes.

En la última de las reuniones, según fuentes de la institución, Múgica expresó claramente su postura de que no cree conveniente llevar la Ley de Extranjería al Tribunal Constitucional. En esta postura fue secundado, indicaron los citados medios, por la adjunta primera del defensor, María Luisa Cava de Llano y Carrio, nombrada a propuesta del Partido Popular, y apoyada por el secretario general, Manuel Aznar López, hermano del presidente del Gobierno. El único partidario de recurrir ante el Constitucional fue el adjunto segundo, Manuel Ángel Aguilar Belda, ex diputado socialista por Albacete.

La postura de Múgica es considerada firme por las fuentes consultadas, que explican que el defensor ha llegado a ese punto por varias vías. En primer lugar, por sus propios análisis y convicciones, por las sugerencias de algunos juristas y por los informes elaborados por la institución.

Según fuentes de la institución, también habría tenido en cuenta las posturas de los dos partidos mayoritarios. El PP y el presidente del Gobierno, José María Aznar (que aupó al cargo a Múgica), son contrarios, por razones obvias, al recurso. La postura oficial del PSOE es también contraria al recurso, tal y como ha remachado en los últimos días José Luis Rodríguez Zapatero tras el apoyo de los socialistas de Aragón a la presentación de un recurso por parte de la Cámara autonómica.

Múgica, no obstante, quiere agotar el plazo (el 23 de marzo es el último día de recurso), para no crear incertidumbre y para no dar bazas con sus argumentos contrarios al rechazo a las asociaciones que le han pedido que recurra. Los artículos cuya constitucionalidad se considera más dudosa son los que regulan los derechos de reunión, manifestación y asociación de los inmigrantes irregulares, quienes tienen reconocido el derecho pero no pueden ejercerlo salvo que dispongan de permisos de trabajo y residencia.

Instituciones europeas

Por otra parte, IU ha decidido trasladar la inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería a las instituciones europeas. Su coordinador general, Gaspar Llamazares, ha mandado un escrito al Defensor del Pueblo Europeo en el que le remite los argumentos que sustentan los diversos recursos de inconstitucionalidad que IU tiene preparados en varias autonomías, informa Carlos E. Cué. IU pretende que en este asunto se implique no sólo el Defensor del Pueblo español -con quien Llamazares se reunirá el lunes- y las autonomías, sino también las instituciones europeas. Sobre todo porque, para IU, la ley viola también la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 20.1 establece que 'toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas'.