El PSOE de Baleares continúa la senda de Aragón y estudia recurrir la Ley de Extranjería

Aunque el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, guarda silencio sobre el polémico recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería, ayer en la comunidad aragonesa otras voces intentaron cerrar la brecha abierta en el Gobierno autonómico por la prohibición de la dirección del PSOE de recurrir ante el Constitucional la Ley de Extranjería. El secretario de organización en Aragón y número dos en esa comunidad, Víctor Morlán,...

Aunque el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, guarda silencio sobre el polémico recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería, ayer en la comunidad aragonesa otras voces intentaron cerrar la brecha abierta en el Gobierno autonómico por la prohibición de la dirección del PSOE de recurrir ante el Constitucional la Ley de Extranjería. El secretario de organización en Aragón y número dos en esa comunidad, Víctor Morlán, mano derecha de Iglesias, afirmó: 'Tenemos compromisos y si los servicios jurídicos del Gobierno entienden que la ley es inconstitucional se recurrirá, porque así lo acordaron las Cortes aragonesas'. Un primer informe de esos servicios jurídicos, previo a la votación, sostiene que casi todos los artículos que el Parlamento aragonés aprobó recurrir (con los votos del PSOE, su socio el Partido Aragonesista, Chunta Aragonesista e IU) podrían ser inconstitucionales.

En Baleares también se solicitará un informe, en este caso al Consejo Consultivo, según acordó ayer la ejecutiva socialista. El grupo del PSOE presentará una moción en el Parlamento autonómico en ese sentido, y según fuentes de ese partido, si éste avala que se presente un recurso de inconstitucionalidad instará al Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados a que lleve el asunto al Constitucional.

Francesc Antich, presidente de Baleares, reclamó ayer para su organización 'la posibilidad de tener una postura propia' para decidir sobre el recurso e indicó que debe ser posible 'una cierta independencia' para marcar finalmente la postura de los socialistas, dado el impacto social de la inmigración en el archipiélago y la singularidad política de la heterogénea mayoría.

El líder socialista recordó que el PSOE en el Gobierno de Baleares -como en el de Aragón- formó mayoría mediante una alianza suscrita con otros grupos de izquierda, nacionalistas y ecologistas: PSM, IU y Els Verds -que están en el Ejecutivo- y Unió Mallorquina, que presta apoyo parlamentario. En todo caso, los socialistas de Baleares tratarán de convencer a la ejecutiva federal de que reconsidere su postura sobre la Ley de Extranjería.

Aunque no consta que el Gobierno de Antich haya recibido presiones de sus socios para presentar recurso, el sábado un destacado miembro de IU en las islas, Miquel Roselló, le emplazó a emular al Ejecutivo de Aragón.

En esta comunidad sí es claro que los socios de Iglesias están dispuestos a dar la batalla para defender la votación de su Parlamento. El presidente de las Cortes aragonesas, José María Mur, (Par) dijo que no se puede vulnerar 'la voluntad del Parlamento por indicación de una determinada fuerza política. Si alguien tiene algo en contra de la iniciativa puede presentar otra en sentido contrario y que se vote. Que no se olvide que las Cortes son también parte del Estado'.

Fuentes socialistas informan de que Iglesias hará una salvedad a la presentación del recurso, reservándose el derecho de retirarlo si su partido inicia acciones en contra de la ley. Lo que está claro es que ni a IU le interesa dejar en precario a Iglesias.

Fuentes cercanas al PSOE insistían en que la 'reprimenda' a Iglesias había partido del portavoz parlamentario, Jesús Caldera, y no del secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, y se reprochaban no haber sabido trasladar la situación a que se enfrenta el Gobierno de Aragón.

El primer informe, conocido dos días antes de que el jueves las Cortes aprobasen el recurso, fue elaborado por los servicios jurídicos del Gobierno autónomo, que dependen del vicepresidente, José Ángel Biel, del Par. El mismo departamento elaborará ese segundo informe. El primero considera que los artículos referidos a la libertad de manifestación, asociación, sindicación y huelga podrían 'vulnerar la doctrina' del Constitucional, pero duda de que ocurra lo mismo con los relativos a la expulsión y al reagrupamiento familiar que las Cortes de Aragón acordaron recurrir.

Por otro lado, un diputado del Parlamento andaluz declaró a EL PAÍS que, minutos antes del pleno del pasado miércoles, que debatió sobre la inmigración, escuchó un comentario xenófobo al vicepresidente primero de la Cámara, Matías Conde (PP). Aunque no recuerda la literalidad exacta de la expresión, su contenido podría ser: 'Los moros, que se vuelvan a Marruecos, que es donde tienen que estar'.