El controvertido punto 17 del Real Decreto

Para regular la fusión Endesa-Iberdrola, frustrada después por decisión de sus presidentes, Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol, el Gobierno elaboró un Real Decreto publicado en el BOE el sábado 3 de febrero. Las empresas insisten en que varios puntos de ese decreto generan inseguridad jurídica y tienen parte de culpa en la decisión de abortar la operación. La primera causa de la ruptura fue la oposición de los accionistas de Iberdrola, pero las compañías consideraron también las dificultades de desarrollar una operación en un marco legal tan eléctrico como el que dibujaba el real decret...

Para regular la fusión Endesa-Iberdrola, frustrada después por decisión de sus presidentes, Rodolfo Martín Villa e Íñigo Oriol, el Gobierno elaboró un Real Decreto publicado en el BOE el sábado 3 de febrero. Las empresas insisten en que varios puntos de ese decreto generan inseguridad jurídica y tienen parte de culpa en la decisión de abortar la operación. La primera causa de la ruptura fue la oposición de los accionistas de Iberdrola, pero las compañías consideraron también las dificultades de desarrollar una operación en un marco legal tan eléctrico como el que dibujaba el real decreto.

El punto 17 del decreto es, sin duda, una de las claves de esa sensación de inseguridad jurídica que denuncian Endesa e Iberdrola. Dice así: 'En el supuesto de que, una vez ejecutadas las desinversiones que procedan para dar cumplimiento a estas condiciones sustantivas [las limitaciones impuestas en generación, distribución y comercialización] se produjese una modificación relevante de las condiciones de competencia en los mercados eléctricos no derivada de lo previsto en el presente acuerdo, el Servicio [la Secretaría General de Competencia, del Ministerio de Econo-mía] podrá proponer al Gobierno la modificación de los plazos o de los límites establecidos en las mencionadas condiciones sustantivas'. Es decir, el ministerio se reserva la facultad de actuar como le venga en gana incluso después de vendidos los activos eléctricos sobrantes.

Apuesta por la fusión

El real decreto revela, quizá de forma involuntaria, la convicción del Gobierno de que la fusión se iba a llevar a cabo bajo las condiciones autorizadas por el Consejo de Ministros. No puede entenderse de otra forma el que el decreto incluya un plazo tan breve para presentar el plan de desinversiones (10 días), indicio evidente de que ese plan ya existía. Otra evidencia es la precisión con que se mencionan los integrantes de la comisión asesora para controlar el desarrollo de la fusión.

Estos detalles, y otros de menor alcance, confirman que el Ministerio de Economía creía, al menos hasta la mañana del lunes 5 de febrero, que los consejos de administración de Endesa e Iberdrola aprobarían el proceso de concentración de ambas compañías.