Montesquieu
Dada la notable confusión que se viene produciendo en el paisito y, más allá, en el Gran País, sobre el concepto de 'democracia', en el que se mezclan elementos del liberalismo político (derechos individuales, parlamentarismo, derecho positivo), del pensamiento humanista (libertad), democrático (igualdad, un hombre un voto) y social (Estado del bienestar); dada, también, esa peculiar concepción que ha mostrado nuestra vicelehendakari, la inefable Zenarruzabeitia, de lo que son unos Presupuestos en democracia (contabilidad homologable con Europa y prorrogable ad infinitum) y que s...
Dada la notable confusión que se viene produciendo en el paisito y, más allá, en el Gran País, sobre el concepto de 'democracia', en el que se mezclan elementos del liberalismo político (derechos individuales, parlamentarismo, derecho positivo), del pensamiento humanista (libertad), democrático (igualdad, un hombre un voto) y social (Estado del bienestar); dada, también, esa peculiar concepción que ha mostrado nuestra vicelehendakari, la inefable Zenarruzabeitia, de lo que son unos Presupuestos en democracia (contabilidad homologable con Europa y prorrogable ad infinitum) y que se deje el Parlamento vasco, siempre ninguneado, de lloriqueos; y, sobre todo para lo que interesa, dada la retahíla de hiperbólicos despropósitos que oye últimamente uno de boca de destacados dirigentes del PP a raíz del indulto a Liaño (el Ejecutivo defiende sus competencias de ahora y para siempre, se oye decir al señor Arenas; haga, pues piña el PSOE con éste frente a los jueces pues, después de todo, no son sino aspirantes a gobernantes, mamma mia) y la reciente sentencia sobre el salario de los funcionarios (¡quiénes son los jueces para interponerse en una decisión soberana de las cámaras!). En fin, dado todo eso y habida cuenta de que la cultura democrática es lo mejor que podemos tener y se tambalea por momentos con cosas como éstas (o eso otro de Mayor Oreja sobre que 'ellos' habían sido capaces de cerrar Egin; ¿acaso no fue una actuación judicial?) y habida cuenta, pues, que se tambalea y es cosa de rehacerla permanentemente, resulta perentorio clarificar conceptos sobre la idea de democracia.
Es cosa sabida aquello de la división de poderes de Montesquieu, que los ingleses (Locke) ya lo habían bautizado antes como checks and balance (controles y equilibrios) y también como balance of power, equilibrio de poderes: el del ejecutivo, el legislativo y la judicatura. Claro que no se trata de conocerlo y proclamarlo: hay que legislarlo y luego practicarlo.
Lo que no sé es si se conoce que los abolicionistas en Estados Unidos dieron su primer paso (y perdieron) en un tribunal recurriendo contra los parlamentos de los Estados en el famoso caso de Scott contra Sanford (un esclavo contra su amo). Luego vino la Guerra de Secesión y la enmienda constitucional abolicionista (Enmienda Trece de 1856). Y sólo en 1954 se produjo la revolución social más profunda que una institución política pudo causar en ese ámbito cuando la Corte Suprema resolvió en el caso Brown que ningún Estado tenía derecho a segregar las escuelas públicas en función de la raza (de modo que limitaba, de acuerdo al espíritu de la Constitución, las competencias de los Parlamentos estatales). Globalmente, el entramado institucional norteamericano está organizado como una compleja red de equilibrio de poderes entre el Presidente, el Tribunal Supremo, el Senado, el Congreso y los Estados (lo hemos visto en las últimas elecciones; no tan ridículas como algunos pretenden).
Veamos lo que ocurre en España. El Gobierno, gobierna: hace normativas sobre las icineradoras, aprueba decretos, prohíbe el chuletón. Bien (o mal), vale. Pero ¿y el Parlamento?, ¿qué hace el Parlamento? Discutir, hablar, como en los peores tiempos del Reichstag de Bismarck, cuando el Parlamento alemán carecía de toda iniciativa legislativa y ni el Gobierno debía dar cuentas ante él. Y ¿los jueces? Tampoco nada: administrar justicia si toca, pero ojo con meterse con el Ejecutivo, que lanzará al Legislativo contra él.
Esto no es nuevo en España. De siempre (véase el excelente libro de José Varela, Elecciones, alternancia y democracia), el Ejecutivo trató de acaparar todas las competencias. Y la Justicia nunca fue un poder: siempre se habló de la administración judicial (como se pudo decir de los secretarios de ayuntamiento o de los veterinarios). Esa tendencia se acentúa hoy por la pretensión de control del poder mediático y el económico a través de los compañeros de juego del señor Aznar.
En fin, un recuerdo, sólo un recuerdo, para monsieur Montesquieu.