UGT insta al Defensor del Pueblo a recurrir la Ley de Extranjería
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el País Valenciano instó ayer al Defensor del Pueblo a promover 'un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería'. El secretario general de la federación, Luis Lozano, sostiene que la ley supone una 'grave vulneración' de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por el Estado, en especial la Carta de Derechos Fundamentales firmada en Niza.
El secretario general de la FSP del País Valenciano sostiene que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2000 que regula los derechos y libertades de los extranjer...
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en el País Valenciano instó ayer al Defensor del Pueblo a promover 'un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería'. El secretario general de la federación, Luis Lozano, sostiene que la ley supone una 'grave vulneración' de la Constitución y de los tratados internacionales suscritos por el Estado, en especial la Carta de Derechos Fundamentales firmada en Niza.
El secretario general de la FSP del País Valenciano sostiene que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2000 que regula los derechos y libertades de los extranjeros supone un serio recorte de los derechos fundamentales de reunión, sindicación y huelga de los inmigrantes no legales, que garantizan los artículos 21 y 22 de la Constitución.
Luis Lozano insta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a presentar un 'recurso de inconstitucionalidad' contra la citada Ley de Extranjería. Ésta es la tercera petición que acumula el Defensor, después de que la patronal del transporte le instara 'a declarar la inconstitucionalidad de una ley que convierte a los transportistas en agentes de inmigración', al obligarles a fiscalizar la documentación de los pasajeros.
Lozano subraya que la negación de estos derechos 'viola' desde el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales de la ONU, publicado por el BOE en abril de 1997, hasta los convenios suscritos con la Organización Internacional de Trabajo, y recuerda que vulnera también los Acuerdos Regionales Europeos, y en especial, la Carta Social Europea de 1961 y la Carta de Derechos Fundamentales firmada en Niza por el Gobierno en diciembre. La FSP finalmente tramitó su petición vía correos, mediante una carta certificada, acusó a la Delegación de Gobierno de bloquear las quejas en el registro de la dependencia para impedir que se tramiten, un extremo que anoche negó un funcionario de prensa.
Solidaridad univeristaria
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia aprobó ayer la apertura de una cuenta corriente para recaudar fondos voluntarios para 'satisfacer las necesidades de primer orden que tienen los inmigrantes que mantienen su encierro en la iglesia del Pilar de Valencia', según anunció el vicerrector de Cultura, Juli Peretó, quien señaló que, a través de los servicios de cocina del Colegio Mayor Rector Peset, se les suministrará los alimentos que necesiten durante el encierro.
La Universidad también suscribió un manifesto de solidaridad con los ilegales, impulsado por asociaciones de estudiantes, que denuncia la Ley de Estranjería' y 'la precariedad en la que ha quedado un colectivo de personas que hasta hace unos días tenían un trabajo y una vida viable', explicó Peretó.