La juez Palacios ve indicios de delito por pedir la muerte de San Gil
La juez de la Audiencia Nacional María Teresa Palacios considera que los cuatro jóvenes denunciados por la presidenta del PP de Guipúzcoa por gritar 'María San Gil, jo eta bertan hil' (María San Gil, matarla ahí mismo) y otros a favor de ETA, pudieron cometer un 'delito de amenazas en relación con otro de terrorismo'. Así lo establece la titular del Juzgado central de Instrucción número 3 de Madrid, en un auto en el que acuerda continuar con las diligencias abiertas tras la denuncia de la concejal del PP de San Sebastián por el incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en la capital guipuzcoana...
La juez de la Audiencia Nacional María Teresa Palacios considera que los cuatro jóvenes denunciados por la presidenta del PP de Guipúzcoa por gritar 'María San Gil, jo eta bertan hil' (María San Gil, matarla ahí mismo) y otros a favor de ETA, pudieron cometer un 'delito de amenazas en relación con otro de terrorismo'. Así lo establece la titular del Juzgado central de Instrucción número 3 de Madrid, en un auto en el que acuerda continuar con las diligencias abiertas tras la denuncia de la concejal del PP de San Sebastián por el incidente ocurrido el pasado 3 de agosto en la capital guipuzcoana.
Los hechos sucedieron durante una manifestación convocada por la plataforma Basta Ya! en los jardines de Alderdi Eder. Un grupo de unas cien personas se situó enfrente portando una pancarta con el lema escrito en euskera 'Dad la palabra a Euskal Herria'. Entre los contramanifestantes estaban los imputados Ekaitz Aguirre Goñi, Unai García Lizanza, Uztariz Betelu Rodríguez y Ortiz Zubizarreta Lizundia, que junto al resto de los congregados corearon frases como 'ETA mátalos', 'Gora ETA militar', 'María San Gil, matarla ahí mismo' y 'Coche-bomba solución'.
Tras la denuncia presentada por San Gil, los cuatro acusados prestaron declaración en la Audiencia Nacional. La magistrada deduce de los testimonios recogidos que los contramanifestantes personalizaron en la dirigente del PP las presuntas amenazas, que suponen a su juicio una 'incitación' contra la vida 'de una persona en un cargo de responsabilidad política'.
De las diligencias previas realizadas se dará traslado al fiscal del caso y a la acusación particular para que formulen acusación y soliciten apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.