La Iglesia católica y la violencia terrorista

La celebración de una jornada eclesial contra el terrorismo, así como la reciente negativa de los prelados de las diócesis vascas a que la Conferencia Episcopal subscriba el pacto promovido por PP y PSOE, suscitan una reflexión sobre el papel y la responsabilidad de la Iglesia católica con respecto al fenómeno de la violencia política terrorista en que llevamos más de 30 años inmersos.

Es obvio que cualquier comentario en esta materia debe realizarse desde el más absoluto respeto a la plena autonomía de la Iglesia como institución, autonomía que le permite definir sus posiciones ante el...

La celebración de una jornada eclesial contra el terrorismo, así como la reciente negativa de los prelados de las diócesis vascas a que la Conferencia Episcopal subscriba el pacto promovido por PP y PSOE, suscitan una reflexión sobre el papel y la responsabilidad de la Iglesia católica con respecto al fenómeno de la violencia política terrorista en que llevamos más de 30 años inmersos.

Es obvio que cualquier comentario en esta materia debe realizarse desde el más absoluto respeto a la plena autonomía de la Iglesia como institución, autonomía que le permite definir sus posiciones ante el terrorismo con total libertad, sin sometimiento alguno a consideraciones procedentes de otros ámbitos. Este respeto, sin embargo, no empece el derecho de cualquier analista de señalar las incongruencias o incoherencias en la postura eclesial (o episcopal) y, sobre todo, no puede impedir una valoración del papel jugado por la Iglesia católica con respecto al terrorismo y de su responsabilidad. Pues se trata de una institución social que, quiéralo o no, desempeña un papel de no desdeñable importancia en la construcción del universo simbólico y en el pilotaje moral de la sociedad vasca.

Pues bien, existe una notable incongruencia en la postura de los prelados cuando se niegan ahora a suscribir un determinado documento o pacto so pretexto de su contenido político. Y ello por una razón muy sencilla: el episcopado vasco ha adoptado desde antiguo una posición extremadamente temporalista en lo referente al problema vasco, violencia incluída. Como ha sido señalado por García de Cortázar, sería necesario remontarse a la pastoral conjunta de 1937, en la guerra civil, para encontrar textos eclesiales tan cargados de valoraciones y opciones estrictamente políticas como los suscritos (con todo derecho, como es evidente) por el obispo Setién. De ahí que resulte incoherente apelar ahora al contenido político o partidista del pacto como razón para no apoyarlo. La Iglesia vasca ha hecho claras opciones políticas desde siempre.

Como las sigue haciendo (e insisto en mi pleno respeto de su derecho a hacerlas) cuando, en la jornada celebrada recientemente en Vitoria, coloca juntas la denuncia de la violencia y la exigencia de diálogo entre los líderes políticos. Si la primera hace referencia a valores supremos e intemporales, la segunda remite a una opción temporal y discutible, política en definitiva: el derecho a la vida y la reivindicación del diálogo están en planos diversos.

Este temporalismo y esta deliberada renuncia a mantener lo que la propia Iglesia denomina, en otros casos, una postura de 'denuncia profética' de las injusticias flagrantes, han de ponerse en relación, para valorar adecuadamente su importancia, con un hecho que no por silenciado resulta menos llamativo: el que ETA no haya atentado nunca contra un clérigo, y el que la violencia difusa nunca haya tenido como objetivo a sector eclesial alguno. Los terroristas han atacado en su ya largo caminar, sin más excepción que la eclesial, a todos, absolutamente todos, los sectores, profesiones, sectores o instituciones. Por otro lado, basta comparar en la comunidad autónoma la situación de la universidad religiosa con la de la pública para observar el extremado cuidado que ponen los radicales en no realizar actos de violencia en la primera.

Esta circunstancia excepcional (que deseo que se mantenga) no es casual, desde luego, sino claramente intencional, y por ello susceptible de una doble lectura. La primera, que ETA está satisfecha con el papel que la Iglesia católica ha adoptado y precisamente por ello no considera oportuno atacarla. La segunda -más importante por lo que revela- que la organización terrorista, en sus análisis políticos, considera que el impacto de un ataque a la Iglesia sobre la opinión social, sobre todo del sector nacionalista, podría ser enormemente negativo. En otros términos, los terroristas son conscientes del crucial papel que juega la religión y la Iglesia en la formación y el mantenimiento de un nacionalismo primario y difuso en la sociedad vasca, así como del alto eco que en esa sociedad se otorga todavía al mensaje clerical. Y precisamente porque son conscientes de ello no se arriesgan lo más mínimo a provocar con sus acciones un mensaje contrario.

Ahora bien, si miramos de otra forma el recado que ETA nos hace llegar con su inacción, éste nos dice que la Iglesia es la única institución social a la que los terroristas reconocen un magisterio crucial en la formación de la opinión. Y precisamente por tal valoración, sea o no exacta en términos sociológicos, es por lo que la responsabilidad de la Iglesia al adoptar posiciones temporalistas, en lugar de una denuncia ética, descarnada y fulminante, de las violaciones de los derechos humanos, es más seria que la de cualquier otra institución. Pues quien tiene mayor voz tiene también mayor responsabilidad por callar. O por hablar tan bajo.

José María Ruiz Soroa es doctor en Derecho.