Los padres rechazan que el acceso al reformatorio atraviese la Ciudad Escolar

El acceso independiente y aislado que la Comunidad prometió construir hace tres días para el reformatorio El Pinar -ubicado a 500 metros del centro educativo, ambos en la Ciudad Escolar- ha empezado a levantarse en un lugar equivocado y las obras destruirán el 'patrimonio' del recinto, según denunció ayer la dirección de la Asociación de Padres y Madres del instituto de enseñanza secundaria San Fernando.

Los padres se toparon a primera hora de la mañana de ayer, al llegar al instituto, con una excavadora que estaba 'levantando el césped de la entrada'. La asociación teme que el acceso p...

El acceso independiente y aislado que la Comunidad prometió construir hace tres días para el reformatorio El Pinar -ubicado a 500 metros del centro educativo, ambos en la Ciudad Escolar- ha empezado a levantarse en un lugar equivocado y las obras destruirán el 'patrimonio' del recinto, según denunció ayer la dirección de la Asociación de Padres y Madres del instituto de enseñanza secundaria San Fernando.

Los padres se toparon a primera hora de la mañana de ayer, al llegar al instituto, con una excavadora que estaba 'levantando el césped de la entrada'. La asociación teme que el acceso para llegar desde la carretera hasta el reformatorio se haga finalmente atravesando la Ciudad Escolar, y no rodeando la finca, al contrario de lo que, según la asociación, prometió la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez. Un portavoz de la consejería aseguró que la excavadora sólo realizó un 'desbroce previo' y que los trabajos no comenzarán hasta que se obtengan las licencias pertinentes. 'No sabemos aún por dónde discurrirá ese acceso', añadió esta fuente.

Por otra parte, el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid criticó 'la urgencia y discrecionalidad' en la adjudicación de la gestión del reformatorio de El Pinar a la asociación Cicerón. También desaprueba la 'precipitación en la selección y formación del equipo de trabajo del centro' y la 'eventualidad' de sus contrataciones, 'que cuestionan la continuidad de los procesos sociales y educativos'.

Según estos profesionales, la forma en la que se ha empezado a aplicar la nueva Ley Penal del Menor 'evidencia la tendencia cada vez más acusada hacia la privatización de la atención social de los colectivos más desfavorecidos'.