California decreta el estado de emergencia para evitar un desastre por la crisis eléctrica

El apagón afectó principalmente a las zonas de San Francisco, Los Ángeles, Sacramento y Silicon Valley, el núcleo de la alta tecnología mundial donde las empresas preparaban equipos de emergencia para seguir con la producción. De momento, la economía de California, una potencia equiparable a la sexta economía del mundo, con 33 millones de habitantes y un PIB de 1,3 billones de dólares (unos 225 billones de pesetas), muy por delante de España (unos 100 billones), no ha sufrido todavía daños, fuera de los de credibilidad.

El gobernador Davis se dirigió por televisión a los californianos p...

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El apagón afectó principalmente a las zonas de San Francisco, Los Ángeles, Sacramento y Silicon Valley, el núcleo de la alta tecnología mundial donde las empresas preparaban equipos de emergencia para seguir con la producción. De momento, la economía de California, una potencia equiparable a la sexta economía del mundo, con 33 millones de habitantes y un PIB de 1,3 billones de dólares (unos 225 billones de pesetas), muy por delante de España (unos 100 billones), no ha sufrido todavía daños, fuera de los de credibilidad.

El gobernador Davis se dirigió por televisión a los californianos para anunciar la adopción de medidas extraordinarias que le permiten recurrir a la solvencia del Estado de California para aplacar las demandas de las compañías generadoras de electricidad, crecientemente temerosas de que las distribuidoras no les abonen los 12.000 millones de dólares (2,12 billones de pesetas) que les adeudan como consecuencia del desfase entre el precio de mercado que pagan por la electricidad que adquieren de las generadoras y el que cobran luego a los consumidores.

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Con el estado de emergencia, el Servicio de Aguas proporciona decenas de millones de dólares para comprar los megavatios que necesita California. El gobernador calificó esta medida como un 'puente para una solución a largo plazo' y no aludió a que las distribuidoras tendrían que pagar el servicio, lo que supondría que serían los consumidores como contribuyentes quienes finalmente corrieran con los gastos.

También pidió el gobernador a la Asamblea de California que liberara al menos 500 millones de dólares para mantener a flote y funcionando las distribuidoras mientras se buscan soluciones a la crisis. Los cuatro principales proveedores de energía a California 'están dispuestos a llevar a las distribuidoras a la quiebra', anunció Davis, quien reveló que Southern Energy, Reliant Energy, Dynergy y Duke Energy habían aceptado 'proporcionarnos la electricidad para tener luz' si la Cámara aprobaba con urgencia medidas para conseguir fondos con que pagar la electricidad que luego se pasaría a las distribuidoras para que la hicieran llegar a los clientes.

Mientras los políticos debatían, un millón de clientes del norte de California volvía a quedarse sin luz en aplicación de la alarma tres, que entra en vigor cuando las reservas de electricidad están por debajo del 1,5% del consumo y conlleva el corte en cualquier momento.

Por la mañana, el sur de California tenía electricidad suficiente, que no podía hacer llegar al norte por estar saturada la línea de suministro en el centro del Estado. Una portavoz del organismo que controla la red dijo que también eran posibles apagones en el sur. Todos los californianos fueron llamados a no consumir más que lo imprescindible. Algunos centros docentes suspendieron sus clases.

Davis quiere a toda costa evitar la quiebra de las distribuidoras, pero algunos analistas aventuraban que la situación acabaría por hacerla inevitable. Consideraban incluso que era el único medio de hacer frente a la crisis y que podría producirse en cuestión de días. Según esta tesis, el juez decretaría entonces las subidas en las tarifas que las distribuidoras reclaman para responder a los precios que les cargan las generadoras. Davis y el resto de la clase política, preocupados por los votos, se resisten a estas subidas, pero podrían alegar ante los consumidores que fueron impuestas por orden judicial.

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