La izquierda pide al Consejo Consultivo un dictamen sobre la Ley de Extranjería

Los tres partidos de la izquierda parlamentaria catalana -el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V)- han solicitado al Consejo Consultivo que analice la Ley de Extranjería aprobada el pasado noviembre en el Congreso. Estas formaciones sostienen que cuatro artículos de la ley, que salió adelante con los votos del Partido Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, pueden ser inconstitucionales.

La propuesta de llevar la ley al Consultivo, el órgano de la Generalitat que dictamina sobre la constitucionalidad de las leyes, pa...

Los tres partidos de la izquierda parlamentaria catalana -el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V)- han solicitado al Consejo Consultivo que analice la Ley de Extranjería aprobada el pasado noviembre en el Congreso. Estas formaciones sostienen que cuatro artículos de la ley, que salió adelante con los votos del Partido Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria, pueden ser inconstitucionales.

La propuesta de llevar la ley al Consultivo, el órgano de la Generalitat que dictamina sobre la constitucionalidad de las leyes, partió de IC-V y fue respaldada ayer por las otras formaciones de izquierda. El PSC se mostró inicialmente reacio a sumarse a la iniciativa al poner en cuestión que a esta entidad le correspondiera analizar las leyes del Congreso de los Diputados, pero al final firmó también la petición.

Con este gesto, los socialistas catalanes van más allá que sus correligionarios en el Congreso. El PSOE criticó duramente el contenido de la ley, pero finalmente ha renunciado a la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad para no judicializar la vida política.

La petición del dictamen al Consejo Consultivo no significa, sin embargo, que se lleve la ley al Tribunal Constitucional. Si este consejo observara algún indicio de posible inconstitucionalidad, el pleno de la Cámara estudiaría el informe y el Parlament decidiría entonces si lleva la ley a los tribunales. Ello exigiría necesariamente el respaldo de CiU, que votó a favor de la ley en el Congreso.