Una empresa virtió en Puçol cientos de toneladas de residuos tóxicos

Según los cálculos estimados por los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente que investigaron la muerte el 24 de abril de 1997 de 301.000 alevines de dorada en una piscifactoría de Puçol, la empresa electromecánica Puzol Industrial S.A. pudo haber vertido entre 1989 y 1997 hasta 1.011.340 kilogramos de residuos tóxicos de forma incontrolada en el término de aquella población de l'Horta. El informe de los técnicos asegura también que el jefe de producción de la empresa denunciada, en el día de hoy fallecido, informó en 1995 a la inspección que los residuos generados de todo tipo se vertí...

Según los cálculos estimados por los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente que investigaron la muerte el 24 de abril de 1997 de 301.000 alevines de dorada en una piscifactoría de Puçol, la empresa electromecánica Puzol Industrial S.A. pudo haber vertido entre 1989 y 1997 hasta 1.011.340 kilogramos de residuos tóxicos de forma incontrolada en el término de aquella población de l'Horta. El informe de los técnicos asegura también que el jefe de producción de la empresa denunciada, en el día de hoy fallecido, informó en 1995 a la inspección que los residuos generados de todo tipo se vertían sin ningún tipo de depuración al alcantarillado.

Según la declaración de esta misma persona los residuos peligrosos se arrojaban a la basura o se entregaban a particulares para que se deshicieran de ellos. Un extremo que quedó confirmado ayer durante el juicio que se sigue contra Puzol Industrial S.A. tras la declaración de un agricultor de la población que aseguró que desde el año 1989 hasta el año 1993 recogía una cuba cargada con una cantidad de residuos que oscilaba entre los 3.500 y los 4.000 kilos. El agricultor, que manifestó desconocer siempre el origen de la carga, esparcía de noche los vertidos alrededor de la fábrica.

Por otra parte, el informe pericial encargado por el juzgado que instruyó el caso asegura que las informaciones recogidas 'permiten establecer una hipotésis muy verosímil para establecer el modo en que los residuos de tricloroetileno pudieran haber llegado a los pozos de los que se abastece Valenciana de Acuicultura, puesto que el vertido directo, o la inyección en el terreno, de tricloroetileno en algún lugar próximo a la piscifactoría permitiría la infiltración del mismo en el subsuelo, antes de que pudiera volatizarse o fotodegradarse, concentrándose en el acuífero subterráneo y evitando su degradación por parte de los agentes ambientales, lo que explicaría que pueda ser detectado en las aguas de los pozos varios años después del vertido'.

Graves transtornos

Según los técnicos de la Consejería, el tricloroetileno es un 'una sustancia altamente tóxica , que puede causar graves trastornos en humanos y animales tanto por ingestión como por inhalación'. El informe pericial llega a la conclusión de que el peligroso vertido procedente de la empresa denunciada habría alcanzado el nivel freático de la zona aunque no descarta que esta fuera la única fuente contaminante. Un extremo en el que coincide el informe de la Consejería de Medio Ambiente y en el que el letrado defensor basó buena parte de su defensa.

El périto del juzgado de instrucción concluye que 'uno o varios episodios de vertido de grandes cantidades de residuos líquidos conteniendo tricloroetileno realizados sobre la superfície del terreno, las aguas o inyectado en el subsuelo en una zona próxima a las instalaciones de Valencia de Acuicultura S.A. es el medio más probable para explicar la contaminación de los pozos de la piscifactoria'.

En el juicio de ayer, celebrado en la sección primera de la Audiencia Provincial, los cuatro responsables imputados de la empresa declinaron cualquier responsabilidad sobre los vertidos. Por su parte la defensa lamentó que los denunciantes no hubieran aportado ninguna prueba sobre las causas de la muerte de los peces aunque finalmente dos testimonios contradijeron la opinión del letrado. Por una parte la persona que enterró los animales muertos y por otra, un veterinario que tuvo ocasión de examinarlos y que determinó que éstos habrían muerto a causa de un envenenamiento.

La fiscal considera los hechos como constitutivos de un delito contra el medio ambiente y pide para los cuatro acusados una pena de 2 años de prisión y que éstos indemnizen a Valencia de Acuicultura con la cantidad de 59.598.726 pesetas. Por su parte, la acusación particular pide para los acusados una pena de 6 años de prisión.