El proyecto Puerto Triana prevé la construcción de una torre "esbelta" de 80 metros de altura

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla aprobó ayer de forma provisional la modificación del plan general de la zona sur de La Cartuja, esto es, Puerto Triana, un plan urbanístico paralelo al río Guadalquivir en el que el taller de arquitectos de Ricardo Bofill prevé la construcción, entre otros edificios, de una gran torre de oficinas. El "hito", lo llaman, tendrá 20 plantas, cinco más de las inicialmente diseñadas y será "una torre esbelta y no un edificio rechoncho", según estos arquitectos. El proyecto cuenta con las bendiciones municipales, salvo las de IU.

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La Gerencia de Urbanismo de Sevilla aprobó ayer de forma provisional la modificación del plan general de la zona sur de La Cartuja, esto es, Puerto Triana, un plan urbanístico paralelo al río Guadalquivir en el que el taller de arquitectos de Ricardo Bofill prevé la construcción, entre otros edificios, de una gran torre de oficinas. El "hito", lo llaman, tendrá 20 plantas, cinco más de las inicialmente diseñadas y será "una torre esbelta y no un edificio rechoncho", según estos arquitectos. El proyecto cuenta con las bendiciones municipales, salvo las de IU.

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Puerto Triana también marca un hito en la política urbanística. Es un ambicioso plan extrauterino: nace y sigue su curso fuera del seno de los planes generales de ordenación urbanística que en la actualidad se diseñan para reconstruir Sevilla. El concejal de Urbanismo, el andalucista Rafael Carmona, aseguró ayer, sin embargo, que este sustancial retoque del espacio urbano tiene el visto bueno de la oficina encargada del PGOU de la ciudad a pesar de que dicho informe no consta en el expediente presentado por el delegado ante el Consejo de Gobierno de Urbanismo celebrado ayer para la aprobación del plan. Todos los grupos municipales aprobaron este proyecto que presenta dos salvaguardas: que se elabore un estudio de impacto paisajístico y que se tenga en cuenta la alteración del tráfico que pueda suponer. Cualquier modificación de los accesos a este espacio o los aparcamientos necesarios correrán por cuenta de los promotores del proyecto.El proyecto, que tuvo en su origen un informe negativo por parte del Servicio de Planeamiento de la Gerencia, cuenta ahora con uno nuevo que todavía no se ha hecho público. Carmona aseguró ayer que también ha pasado por la oficina del PGOU, un organismo que, a fin de cuentas, vino a decir el concejal, "es un servicio más de la Gerencia" y su informe "no es preceptivo".

Así pues, en espera de los informes de impacto paisajístico y de tráfico, negativos o no, el proyecto sigue su curso. Después de todo, "ya se seleccionó un proyecto arquitectónico, el de Bofill, en el que no se daña el paisaje", dijo Carmona. Ahora debe pasar por el pleno del Ayuntamiento y más tarde por la Comisión de Ordenación de Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) que emitirá un informe preceptivo pero no vinculante. La última palabra la tendrá la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez.

En el pleno del Ayuntamiento el plan no encontrará obstáculo alguno para su aprobación. El PP, a través de su concejal Jaime Raynaud, ya ha emitido su voto favorable con unos condicionantes de fácil cumplimiento: que se respeten los límites fluviales, que se elabore el estudio ambiental y que se corrijan las alteraciones que pueda sufrir el tráfico en la zona. Esperan, además, que la Junta asegure que no se verá afectada por el caos la vía que une Sevilla con Huelva y Extremadura.

Sólo IU ha puesto el grito en el cielo. Su portavoz municipal, Luis Pizarro, considera que la recalificación es una "brutalidad" y ha presentado un voto particular en el que se rechaza el proyecto "que se hace fuera del periodo de alegaciones, a pesar de sufrir fuertes modificaciones". Pizarro cree que construir una torre de 80 metros de altura en un "espacio estratégico y simbólico para la ciudad" es una "brutalidad sobre la que los ciudadanos no podrán opinar". El portavoz de IU se mostró convencido de que el nuevo proyecto pasa por alto la opinión negativa de la oficina del PGOU y piensa que "es un apaño para beneficiar intereses particulares y empresariales".

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Por otro lado, Urbanismo aprobó ayer la redacción inmediata de una nueva norma para proteger el patrimonio histórico en la que se agrupe la normativa dispersa existente y en la que se prevén también expropiaciones y sanciones. Todos lo grupos apoyan esta medida.

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