Un abogado que presidió la comisión deontológica se apropió de 65 millones
El condenado se quedó con dinero de una viuda
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al abogado José Antonio Morán Huete, de 62 años, ex presidente de la comisión deontológica del Colegio de Abogados de Madrid, a cuatro años y dos meses de cárcel y suspensión en su profesión durante ese tiempo, como autor de un delito continuado de apropiación indebida de más de 65 millones de pesetas. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, ha sido impugnada por la familia víctima del delito, por estimar benévola la condena a más de cuatro años de cárcel y la absolución por falsedad en documento.La sentencia declara probado que el letr...
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al abogado José Antonio Morán Huete, de 62 años, ex presidente de la comisión deontológica del Colegio de Abogados de Madrid, a cuatro años y dos meses de cárcel y suspensión en su profesión durante ese tiempo, como autor de un delito continuado de apropiación indebida de más de 65 millones de pesetas. La sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo, ha sido impugnada por la familia víctima del delito, por estimar benévola la condena a más de cuatro años de cárcel y la absolución por falsedad en documento.La sentencia declara probado que el letrado Morán Huete -presidente de la comisión deontológica del Colegio de Abogados de Madrid hasta 1995-, poco después del fallecimiento, en 1993, de su amigo Antonio Pajares, recibió el encargo profesional de la defensa de los intereses de la viuda e hijos en todos los asuntos derivados del fallecimiento de su esposo y padre, respectivamente.
El acusado, tras solicitar amplias facultades de sus clientes, percibió, en nombre de ellos, de las compañías con las que Pajares había contratado seguros de vida, un total superior a los 106 millones de pesetas, de los que, una vez deducidas las cantidades entregadas a la familia o dedicadas a la compra de un chalet para los clientes y a los gastos de defensa, quedó un importe de 65.809.541 pesetas que el abogado incorporó a su propio patrimonio.
Frente a la pretensión exculpatoria del acusado, de que si retuvo cantidades fue "porque se le adeudaban honorarios", la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Mozo Muelas, la considera carente "de todo fundamento", ya que está previsto un procedimiento legal para el cobro de los honorarios, por lo que no puede justificarse "el quedarse para sí con las indemnizaciones obtenidas".
La absolución por el delito de falsedad en documento privado ha sido uno de los puntos recurridos en casación por las víctimas.