Limasa encargó obras en Málaga a una firma sin capacidad para hacerlas
La empresa mixta que tiene la concesión del servicio de limpieza viaria en Málaga, Limasa, encomendó la instalación de bocas de riego en los paseos marítimos a una firma que no tenía capacidad financiera suficiente para realizarla, según ha reconocido el representante legal de esta última en una declaración judicial. El juzgado de instrucción número 7 investiga posibles delitos de falsedad, malversación, apropiación indebida y estafa, de los que está imputada, entre otros, la concejal del PP Ana Rico.
El Ayuntamiento pagó en diciembre de 1999 más de 40 millones de pesetas a Limasa que c...
La empresa mixta que tiene la concesión del servicio de limpieza viaria en Málaga, Limasa, encomendó la instalación de bocas de riego en los paseos marítimos a una firma que no tenía capacidad financiera suficiente para realizarla, según ha reconocido el representante legal de esta última en una declaración judicial. El juzgado de instrucción número 7 investiga posibles delitos de falsedad, malversación, apropiación indebida y estafa, de los que está imputada, entre otros, la concejal del PP Ana Rico.
El Ayuntamiento pagó en diciembre de 1999 más de 40 millones de pesetas a Limasa que certificó que las obras en cuestión estaban realizadas cuando no era así. La obra en el paseo marítimo de Pedregalejo se hizo en julio y la de Huelin en septiembre. La obra fue encargada por Limasa a Comupi, sociedad cuyo representante legal, Juan Andrés Muñoz Pino, ha confesado al juez que "no tenía fondos para realizar una obra tan grande". Por ello, emitió una factura de 24 millones de pesetas antes de que empezaran los trabajos, de los que cobró algo más de siete millones en efectivo y el resto en dos letras de ocho millones cada una. En su declaración ante el juez el pasado 16 de octubre, Muñoz Pino aseguró que no ha cobrado más que esos 24 millones de pesetas.
Tanto el gerente de Limasa, Javier Fuentes, como el jefe del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Málaga, Julián Laguna, sostienen que el pago a Comupi se hizo en concepto de provisión de fondos. Sin embargo, el interventor municipal, Carlos Claros, ha negado que así sea pues la administración "sólo trabaja sobre certificaciones de obra o servicios o suministros prestados". El interventor ha dicho no entender por qué Laguna firmó la certificación en la que se informaba de que las obras estaban ejecutadas y que si no era así no se debió pagar. De hecho, Claros pidió en junio al jefe del servicio y al director del área de Medio Ambiente, Jorge López Martínez, que reintegraran el dinero cuando ambos le reconocieron que las obras no estaban realizadas y habían comenzado entonces.
Aunque la certificación también está firmada por la concejal Ana Rico, ésta ha asegurado que desconocía en el momento de suscribirla que la obra no se había realizado aún. Además de a la concejal popular, el juez mantiene imputados en la causa a Laguna, Fuentes, López Martínez y Muñoz Pino.
El representante de Comupi ha admitido que trabaja habitualmente con Limasa desde 1991 y que en otros casos ya recibió de ella entregas a cuenta de los encargos que le realizaba -un aparcamiento o los arquillos para lo contenedores de basura, entre otros-. En 1997 y 1998 Comupi compró dos locales "expresamente" para alquilarlos a Limasa, que los usa como cuartelillos pese a que carecen de licencia de apertura municipal.