El Gobierno impone una tasa millonaria a los grandes pueblos sin servicio de bomberos propio

Todos los Ayuntamientos que superen los 20.000 habitantes y que no cuenten con servicio propio de extinción de incendios o que hayan cedido su gestión a la Comunidad de Madrid deberán pagar el próximo año una nueva tasa regional, por la que el Gobierno prevé ingresar cerca de 3.000 millones. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que esta tasa, incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2001, supondrá un desembolso para las arcas municipales de 4.100 pesetas por vecino censado, hasta un máximo de 410 millones anuales.

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Todos los Ayuntamientos que superen los 20.000 habitantes y que no cuenten con servicio propio de extinción de incendios o que hayan cedido su gestión a la Comunidad de Madrid deberán pagar el próximo año una nueva tasa regional, por la que el Gobierno prevé ingresar cerca de 3.000 millones. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer que esta tasa, incluida en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2001, supondrá un desembolso para las arcas municipales de 4.100 pesetas por vecino censado, hasta un máximo de 410 millones anuales.

Licencias comerciales

Según explicó ayer Ruiz-Gallardón tras el Consejo de Gobierno donde se aprobó el borrador del anteproyecto, todos los ayuntamientos con un censo superior a los 20.000 habitantes están obligados por la Ley de Extinción de Incendios y Salvamentos de 1994 a prestar este servicio a sus vecinos, aunque pueden reclamar una dispensa a la Comunidad "cuando por sus características peculiares les resulte imposible o muy difícil su cumplimiento". En este caso, la Comunidad se encargará de la cobertura antiincendios de la localidad, aunque mediante un acuerdo entre ambas administraciones se determinará la cuantía que el Ayuntamiento debe abonar al Gobierno regional en compensación. Pero la citada ley no establecía qué "ocurre cuando estos municipios ni prestan el servicio ni cuentan con la preceptiva dispensa". Para estos casos, el Gobierno regional aprobó ayer este anteproyecto de ley que establece el pago de esta tasa. La cuota que cada municipio tendrá que abonar será la resultante de multiplicar el número de habitantes que recoja el censo en vigor el 1 de enero por 4.100 pesetas, con un límite de 100.000 habitantes. De esta manera, la Comunidad recaudará de cada gran municipio que carezca de cuerpo propio de bomberos entre 82 millones (municipios con 20.000 habitantes) y 410 millones (los que superen los 100.000). De la cifra resultante se podrán deducir "las compensaciones pactadas en los convenios de transferencia de medios personales y materiales" cuando existan. El anteproyecto de ley también permite que los municipios puedan pagar la nueva tasa en dos mensualidades, pero siempre antes del 31 de enero y del 31 de junio, respectivamente.

Finalmente, el anteproyecto recoge que cuando algún municipio afectado decida crear su propio cuerpo de bomberos o "recuperarlo para sí", y evitar de esta manera el pago de esta nueva tasa, la Comunidad le reclamará una "compensación por los gastos derivados de la reestructuración del servicio".

El anteproyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos regionales para 2001 incluye, por otra parte, una nueva tasa, de 280.000 pesetas, por solicitud de licencia comercial de grandes establecimientos. Este impuesto, que, de haber estado vigente en 1999, se habría aplicado en 21 ocasiones, será de medio millón de pesetas en el caso de que la licencia deba ser valorada por la Comisión de Evaluación. Otras dos tasas nuevas acompañan a la anterior: una de 100.000 pesetas por autorización de establecimiento de descuento duro y otra de 28.000 pesetas por cada expediente de autorización o de prórroga de actividades feriales. El texto aprobado ayer aumenta además en un 3,6% las cuotas fijas del recargo fiscal que grava las máquinas recreativas y de azar, informa Efe.

El Consejo de Gobierno acordó también ofrecer una alternativa al desahucio a aquellas personas que habitan viviendas públicas de la Comunidad (destinadas a familias con ingresos mínimos), pero que no están en posesión del correspondiente título. El Ejecutivo regional les ofrecerá la posibilidad de comprar la casa o arrendarla. Otros gastos decididos ayer por el equipo de Gobierno son: 772 millones de pesetas para mantenimiento de carreteras, 385 millones para un nuevo colegio en Sevilla la Nueva y 139 millones para la remodelación de la avenida de Córdoba, a la altura del barrio de San Cristóbal (Villaverde).