La ex concejal de Medio Ambiente declara por el 'caso Limasa'
La ex concejal de Medio Ambiente de Málaga y actualmente responsable del departamento de Cultura, Ana Rico, prestará hoy declaración ante el juez como imputada en el denominado caso Limasa, en el que se investiga una presunta falsedad en documento y malversación por el pago de una obra cinco meses antes de que se realizara. También ha sido hoy citado por el magistrado instructor el director del área de Medio Ambiente, Jorge López.Según una denuncia formulada por IU, el Ayuntamiento de Málaga pagó en el mes de enero pasado a la empresa a la que tiene concedido el servicio de limpi...
La ex concejal de Medio Ambiente de Málaga y actualmente responsable del departamento de Cultura, Ana Rico, prestará hoy declaración ante el juez como imputada en el denominado caso Limasa, en el que se investiga una presunta falsedad en documento y malversación por el pago de una obra cinco meses antes de que se realizara. También ha sido hoy citado por el magistrado instructor el director del área de Medio Ambiente, Jorge López.Según una denuncia formulada por IU, el Ayuntamiento de Málaga pagó en el mes de enero pasado a la empresa a la que tiene concedido el servicio de limpieza y recogida de basuras, Limasa, una factura de 40 millones de pesetas por la realización de una obra en el paseo marítimo de Pedregalejo. Pese a que la sociedad, participada por el propio consistorio y Fomento, certificó que la obra estaba realizada, los trabajos no se iniciaron hasta el mes de mayo, según han reconocido el gerente de Limasa y el director del servicio de limpieza del Ayuntamiento, Javier Fuentes y Julián Laguna, respectivamente, que están también imputados por el juez instructor.
La obra fue contratada por Limasa con una empresa con la que trabaja habitualmente, Comupi, a la que le tiene además alquilados sendos locales que son utilizados como cuartelilllos para el almacén de maquinaria y material y que, pese a servir para estos servicios municipales, no disponen de licencia de apertura. El apoderado legal de Comupi, Juan Andrés Muñoz Pino, también imputado en el caso, aseguró en una reciente comparecencia ante el juez que compró los locales "expresamente" para alquilarlos a Limasa.