Los promotores vulneran los derechos de los compradores de pisos con cláusulas abusivas
La compra de un piso es una de las decisiones que mayores quebraderos de cabeza produce a un ciudadano. A pesar de que se enfrenta a la inversión más importante de su vida, los promotores inmobiliarios no informan casi nunca al cliente de sus derechos y, además, los vulneran con cláusulas abusivas impuestas en los contratos de compra-venta de un piso (el documento que se formaliza antes de acudir al notario para firmar las escrituras). Esta es la principal conclusión de un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca (OCUV-EKA).
No comunicar al cliente su derecho...
La compra de un piso es una de las decisiones que mayores quebraderos de cabeza produce a un ciudadano. A pesar de que se enfrenta a la inversión más importante de su vida, los promotores inmobiliarios no informan casi nunca al cliente de sus derechos y, además, los vulneran con cláusulas abusivas impuestas en los contratos de compra-venta de un piso (el documento que se formaliza antes de acudir al notario para firmar las escrituras). Esta es la principal conclusión de un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca (OCUV-EKA).
Administración alerta
No comunicar al cliente su derecho a elegir notario para formalizar la escritura o no informarle sobre la posibilidad que tiene de reclamar la entrada más un interés de un 6% en el caso de que se incumplan los plazos de entrega son algunas de las irregularidades detectadas por la OCUV-EKA en su trabajo. El sector de la vivienda es el que más consultas y reclamaciones genera en las oficinas de consumo del Gobierno y las organizaciones de consumidores vascos. La adquisición de una vivienda, los arrendamientos y el pago de las hipotecas son los aspectos de controversia.El resultado del estudio de la OCUV, tras analizar 120 expedientes de compra-venta de pisos nuevos, de los 1.430 que recibió el año pasado relacionados con otros aspectos del sector de la vivienda, revela que en todos los casos se vulneraron los derechos de los ciudadanos. Todos los contratos son de adhesión, es decir, son redactados por los promotores e impuestos a los compradores, que no tienen ninguna capacidad para introducir propuestas o modificaciones en sus claúsulas.
La representante de la OCUV, Berta García, explicó a EL PAÍS que los ciudadanos se encuentran "indefensos" ante este tipo de abusos. "El comprador necesita la vivienda y aunque tiene derecho a pleitear por las condiciones abusivas que le impone el constructor, se ve obligado a aceptarlas porque la vía judicial podría tardar en resolver el caso varios años con lo que se queda sin vivienda, que es lo que realmente le interesa", subraya García.
Además de no garantizar la devolución de las cantidades anticipadas por el vendedor y la imposibilidad de elegir notario, entre las infracciones más comunes de los promotores también figuran las de repercutir sobre el comprador el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, comúnmente conocido como plusvalía. La ley determina que el sujeto de este impuesto es el vendedor del piso. El cliente también tiene derecho a conocer la fecha de entrega y las fases de edificación.
En los 120 contratos de compra-venta estudiados se atribuye al arquitecto de la obra la facultad para realizar las modificaciones que considere oportunas sin consultar al comprador. Esta competencia otorgada al arquitecto supone un "grave desequilibrio" para aquel y un supuesto claro de cláusula abusiva, según el informe de la OCUV-EKA.
Berta García destaca la idea de que los objetivos de este tipo de estudios son informar al consumidor de los derechos que le asisten, advertir al constructor de que sus abusos son conocidos y, sobre todo, aleccionar a la Administración competente para que desarrolle una labor eficaz de inspección y control de las infracciones poniendo en marcha los procedimientos sancionadores que sean necesarios. "El ciudadano está desamparado ante estas actuaciones irregulares", concluye el informe.El Departamento de Comercio y Consumo del Gobierno vasco es consciente de este tipo de anomalías. Las diferentes campañas de control que ha realizado le han permitido constatar irregularidades en más de la mitad de las ofertas de vivienda nueva en Euskadi. El Ejecutivo ha requirido a constructores e inmobiliarias para que cumplan con su obligación de facilitar toda la información al comprador y no introduzcan cláusulas abusivas en los contratos.