Paradoja
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Jesús Gil y Gil a la pena de 28 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Es la condena que los jueces entienden corresponde a Gil y Gil. Razones: que este personaje, en su doble condición de alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid autorizó y tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación en el pago de 450 millones de pesetas por parte de su Ayuntamiento a su club de toda la vida.Pues bien, la comisión de cuatro delitos, que reflejan que su actividad pública no ha estado somet...
La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a Jesús Gil y Gil a la pena de 28 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Es la condena que los jueces entienden corresponde a Gil y Gil. Razones: que este personaje, en su doble condición de alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid autorizó y tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas durante el proceso de aprobación en el pago de 450 millones de pesetas por parte de su Ayuntamiento a su club de toda la vida.Pues bien, la comisión de cuatro delitos, que reflejan que su actividad pública no ha estado sometida al principio de legalidad, le permite jactarse y arremeter contra jueces y fiscales, hasta el punto de manifestar que constituyeron una especie de mafia en Barcelona junto a Pascual Estevill, que han recibido consignas para encarcelarle y que la condena no sirve para nada. La gente le quiere mucho y va a seguir de alcalde.
Ningún partido democrático permite que sus militantes que ocupan cargos públicos puedan continuar desempeñándolos después de haber sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Es indiferente que recurran la sentencia. Este mantenerse en la función pública del señor Gil muestra que, además de ostentar la doble condición de alcalde y presidente, también es militante y dueño de un partido. Se permite, como si de un caudillo se tratara, responder de sus actos frente a sí mismo y ante su historia.
Es una historia que empieza a tocar fin, lo que no le está impidiendo utilizar en su beneficio cuantos recursos le concede su imagen social para atacar sin misericordia a quienes están obligados a perseguir la comisión de delitos. Es un intento tan grosero como son los delitos de prevaricación con la Constitución. Además, no confunden a nadie. No ha sido el Gobierno, ni los grupos políticos, ni los jueces y fiscales quienes han hecho la operación de las camisetas, sino el señor Gil y Gil quien, en su doble condición de alcalde y presidente, autorizó un contrato que sólo contaba con sus bendiciones y no con las de los órganos municipales competentes. Resulta paradójico que intente echar a los demás lo que él solito se ha echado encima.