Así no

Formalmente, antes de la entrada en vigor de la Constitución, Andalucía era una de las regiones españolas y, después de su entrada en vigor, es una de las 17 comunidades autónomas que integran nuestro Estado de las Autonomías. Pero, materialmente, no era ni una región más antes de la entrada en vigor de la Constitución, ni es tampoco una comunidad autónoma más desde entonces. La posición de Andalucía en el proceso de construcción, primero, y de consolidación, después, de nuestro Estado de las Autonomías no se parece a la de ninguna de las demás nacionalidades y regiones que han a...

Formalmente, antes de la entrada en vigor de la Constitución, Andalucía era una de las regiones españolas y, después de su entrada en vigor, es una de las 17 comunidades autónomas que integran nuestro Estado de las Autonomías. Pero, materialmente, no era ni una región más antes de la entrada en vigor de la Constitución, ni es tampoco una comunidad autónoma más desde entonces. La posición de Andalucía en el proceso de construcción, primero, y de consolidación, después, de nuestro Estado de las Autonomías no se parece a la de ninguna de las demás nacionalidades y regiones que han acabado convirtiéndose en comunidades autónomas.La razón de que haya sido y continúe siendo así es de naturaleza exclusivamente política. Ha sido la estrategia diseñada por la derecha o, si se prefiere, por el centro-derecha español para Andalucía la que ha diferenciado la posición de esta región, primero, y comunidad autónoma, después, de todas las demás regiones y comunidades autónomas. La política seguida por el centro-derecha español en Andalucía no se parece en nada a la que se ha seguido en el resto de España.

En el espacio de que dispongo no puedo detenerme de manera pormenorizada en el análisis de esta política. Tampoco es necesario. Creo que bastará con tres botones de muestra.

El primero se localiza en el momento del desarrollo inicial de la Constitución. Después de haber participado en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, para reivindicar la constitución de Andalucía en comunidad autónoma; de haber suscrito el 4 de diciembre de 1978 el Pacto de Antequera, en el que se comprometía a apoyar la constitución de Andalucía en comunidad autónoma por la vía del artículo 151 de la Constitución; después de haber participado de una manera extraordinariamente digna en la comisión redactora del anteproyecto de Estatuto de Autonomía y después de haber contribuido a lo largo de 1979 al ejercicio de la iniciativa autonómica por los municipios andaluces con los votos de sus concejales, el Gobierno de UCD dio marcha atrás en enero de 1980 y defendió expresamente la abstención en el referéndum del 28-F con el lema "Andaluz, éste no es tu referéndum". Se trata, posiblemente, del primer caso en la historia en el que el Gobierno que convoca un referéndum propugna la abstención. Las consecuencias de aquella estrategia en el momento fundacional de la autonomía andaluza son conocidas por todos. El centro-derecha español, que estaba prácticamente empatado con el centro-izquierda en las elecciones de 1977 y 1979, quedó en una posición de subalternidad absoluta en nuestro sistema político, de la que tardó más de una década en empezar a recuperarse.

El segundo lo ejemplifica la política puesta en práctica por el PP en la legislatura 1994-1996. Después de haber ocupado esa posición absolutamente subalterna en el sistema político andaluz durante más de una década, en las elecciones autonómicas de 1994 el PP consiguió no sólo que el PSOE perdiera la mayoría muy absoluta que había tenido desde 1982, sino que consiguió reducir a un mínimo la distancia que lo separaba de dicho partido. Una reducción de la distancia entre el PSOE y el PP como la que se produjo entre las elecciones de 1990 y 1994 es casi siempre la antesala de un cambio de mayoría parlamentaria y, consecuentemente, gubernamental. Y sin embargo, el PP pondría en práctica una política suicida, que en lugar de conducirlo al Gobierno, conduciría al PSOE casi a recuperar la mayoría absoluta. El invento de "gobernar desde el Parlamento", patentado al alimón por Javier Arenas y Luis Carlos Rejón, tampoco es de los que tienen precedentes en nuestro Estado de las Autonomías. Gobernaron tan bien que no pudo aprobarse ni un solo presupuesto en los dos años que duró la legislatura. El castigo de los ciudadanos andaluces a los promotores de tal despropósito en las elecciones autonómicas de 1996 también es conocido.

No hay dos sin tres, dice el refrán. Y en esas parece estar la nueva dirección regional del PP en esta legislatura. Comprendo que la permanencia en el poder del PSOE desde 1982 puede resultar irritante para el centro-derecha, como lo resultaría a la inversa. Pero eso no puede conducir a una política de todo vale, como la que está poniendo en práctica el PP. Un partido de gobierno no puede pretender llegar a serlo mediante una campaña de desobediencia civil, como la que el PP ha puesto en marcha con la ley de Cajas.

En democracia, escribía el domingo pasado en este mismo espacio, hay cosas que no pueden ser siquiera sometidas a discusión. Y una de ellas es que la ley la aprueba el Parlamento y que, una vez que ha sido aprobada, la ley es la voluntad general, la de todos, la de quienes la han aprobado y la de quienes han votado contra ella. Éste es un presupuesto indiscutible de toda sociedad democrática, sin cuyo respeto ésta no puede operar.

Alentar la rebelión de las asambleas de las cajas de ahorro contra la ley, argumentar que no se debe proceder al cumplimiento de la ley hasta que no se haya dictado el reglamento de desarrollo de la misma, es de una irresponsabilidad inconcebible. Para llegar a ser Gobierno, un partido tiene que ser reconocido como tal por el cuerpo electoral cuando está en la oposición. Se llega a ser Gobierno como consecuencia de la política que se pone en práctica cuando no se es. Por eso, en 1996 y también en 2000, a pesar de que el viento soplaba a favor del PP en toda España, no consiguió ganar en Andalucía. La política seguida por el PP durante estos años condujo a que los ciudadanos andaluces no lo reconocieran como partido de gobierno.

Cabía esperar que el PP hubiera aprendido la lección. Pero parece que no es así. El odio y la venganza suelen ser sentimientos estériles en todos los terrenos y también en la política. No suelen ser recompensados por los ciudadanos en las urnas. Y eso es lo que trasluce el discurso político de Teófila Martínez y, todavía más, el de Antonio Sanz. La alternancia en el Gobierno andaluz en 2004 no vendría nada mal, tras más de veinte años de gobierno del PSOE. Pero así, no.

JAVIER PÉREZ ROYO