Protesta controlada

La protesta de agricultores y transportistas se está extendiendo por todo el país en acciones intensas que buscan un impacto en la opinión pública, aunque por ahora controladas. Los tractores han llegado a Madrid, seis centros de distribución han sido bloqueados y, según los sindicatos, decenas de miles de agricultores han salido a las calles y a las carreteras para exigir que el Gobierno reduzca la carga fiscal del gasóleo. A pesar de la magnitud de la protesta, es evidente que en España no ha alcanzado la virulencia de las que se han registrado en Francia o el Reino Unido, los dos países de ...

La protesta de agricultores y transportistas se está extendiendo por todo el país en acciones intensas que buscan un impacto en la opinión pública, aunque por ahora controladas. Los tractores han llegado a Madrid, seis centros de distribución han sido bloqueados y, según los sindicatos, decenas de miles de agricultores han salido a las calles y a las carreteras para exigir que el Gobierno reduzca la carga fiscal del gasóleo. A pesar de la magnitud de la protesta, es evidente que en España no ha alcanzado la virulencia de las que se han registrado en Francia o el Reino Unido, los dos países de referencia próximos, en los que llegaron a darse casos de racionamiento de combustibles y acaparamiento de productos alimenticios.Sorprende la parálisis informativa del Gobierno, cuyas posiciones exactas no acaban de conocerse, salvo su decisión inicial de no reducir el impuesto especial de los carburantes, que es correcta y debe ser defendida. Luego ha presentado propuestas de aumentar la compensación tributaria que perciben los agricultores por los impuestos indirectos que no pueden repercutir en los precios finales. Si finalmente se llega a una solución de este tipo, el Gobierno debería explicar no solamente el resultado de la negociación, sino sus consecuencias y, por supuesto, su coste. Porque las modificaciones fiscales también tienen efectos negativos -pérdida de ingresos, por ejemplo- que los ciudadanos tienen derecho a conocer.

La flexibilidad en la negociación debe contemplar a partir de ayer el expediente abierto por la Comisión Europea a Francia, Italia y Holanda para obligarles a informar del contenido de los acuerdos que han firmado con el sector del transporte y verificar si las rebajas fiscales que contemplan son compatibles con las normas comunitarias. Según su vicepresidenta, Loyola de Palacio, la rebaja de impuestos de los carburantes es una solución a excluir para hacer frente a la crisis, porque supondría dar la razón a la OPEP y sería contraria a las grandes líneas de la política energética y de transporte de la Unión Europea. Ya era hora de que la Comisión apelase a una política energética unitaria, excluida hasta ahora.

Ni el Gobierno español ni la Comisión Europea han sabido explicar con claridad su visión del problema ni las soluciones razonadas que proponen. Inquieta un poco imaginar lo que podría haber ocurrido frente a una protesta más radical, como las habidas en Francia o el Reino Unido.