El juez acusa de asesinato a los 10 jóvenes de la Villa Olímpica, pero los mantiene en libertad
El magistrado Adolfo Fernández Oubiña dictó ayer un auto de procesamiento en el que acusa de asesinato a 10 jóvenes por la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida en la Villa Olímpica de Barcelona el 1 de abril, aunque mantiene la situación de libertad para todos ellos. Por el contrario, el juez considera ahora que las agresiones que sufrieron los dos amigos de la víctima son una falta de lesiones leves y no dos asesinatos en grado de tentativa, como anteriormente lo había tipificado. Los abogados de la acusación anunciaron que recurrirían ante la Audiencia.
Perplejidad. Ésa es la pal...
El magistrado Adolfo Fernández Oubiña dictó ayer un auto de procesamiento en el que acusa de asesinato a 10 jóvenes por la muerte de Carlos Javier Robledo, ocurrida en la Villa Olímpica de Barcelona el 1 de abril, aunque mantiene la situación de libertad para todos ellos. Por el contrario, el juez considera ahora que las agresiones que sufrieron los dos amigos de la víctima son una falta de lesiones leves y no dos asesinatos en grado de tentativa, como anteriormente lo había tipificado. Los abogados de la acusación anunciaron que recurrirían ante la Audiencia.
Ley del Menor
Perplejidad. Ésa es la palabra en la que coincidieron los abogados de la acusación -la familia de Robledo y los ayuntamientos de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet- para calificar la decisión del juez, que ayer rechazó los recursos presentados por estas partes y la fiscalía y mantuvo la situación de libertad bajo fianza dictada por él el pasado día 1 de este mes. Ahora las acusaciones recurrirán ante la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona."La decisión del juez es una ofensa para la familia del fallecido, que si algún consuelo tenía era pensar que los acusados estaban en la cárcel", explicó Cinta Caminals, la abogada de los padres de Carlos Javier Robledo. Caminals, como el resto de las acusaciones, considera que no se ha aportado ninguna prueba escrita u oral que justifique la libertad.
El juez, sin embargo, insiste en la resolución dictada ayer, en la que si acordó la libertad de los 10 jóvenes es porque en ese momento no tenía el informe policial sobre el análisis de las botas que golpearon a la víctima -que llegó al juzgado el pasado día 5-, ni tampoco el análisis de la sangre hallada en el vehículo en el que se refugiaron las víctimas. Esta última prueba, según el juez, tardará varios meses en realizarse.Tanto, que para entonces ya habrá entrado en vigor la Ley del Menor, de aplicación el próximo mes de enero, que será a la que deba someterse Valentín Moreno Gómez.La defensa ha aportado al juzgado un documento en el que se certifica que Moreno cumplió los 18 años a las 12.10 del 1 de abril, horas antes de cometerse el crimen. Según el juez, Moreno "pisoteó" con sus botas "de suela de goma dura" a Carlos Javier Robledo hasta causarle la muerte, mientras lo sujetaba Javier Montalvo. Pese a ello, el juez acusa de asesinato a los otros jóvenes porque tenían "un fin por todos querido", como era la muerte de Robledo.
El juez relata también que los otro ocho acusados golpearon a los dos amigos de la víctima y les provocaron heridas de las que tardaron en curarse 8 y 15 días. Después de oír la declaración que prestaron las víctimas en el juzgado el 27 de agosto, el juez ha considerado que no puede hablarse de dos tentativas de asesinato, sino de lesiones leves. Las acusaciones sostienen, por el contrario, que esa declaración era una ratificación de la que prestaron en su día.
Fernández Oubiña explica que los acusados "cometieron un supuesto delito muy grave y alarmante", pero precisa también que todos ellos carecen de antecedentes y, además, "han demostrado una gran dificultad para huir" de la justicia.
El pasado viernes acudieron todos a la citación judicial. Según el juez, los acusados "fuera de su hábitat no han podido mantenerse", sino que fueron detenidos en sus casas o se entregaron.Valentín Moreno fue juzgado ayer y acusado del hurto de una motocicleta.
Los familiares de la víctima reaccionaron ayer con indignación e impotencia ante el mantenimiento de la situación de libertad de los acusados. Raquel Aznar Peña, prima de Carlos Javier Robledo, explicó que la decisión del juez le resultaba incomprensible. "Estamos indignados. No hay derecho, esto es un sinvivir. Han quitado la vida a una persona y ahora están en la calle". Yolanda Calvo y Antonio Peña, cuñada y tío de Carlos Javier Robledo, fueron todavía más explícitos y recordaron las declaraciones de hace unos meses del propio juez. "Es indignante. Y pensar que hace cuatro meses eran un peligro público y ahora no lo son", dijeron, informa . Anna D.Gabarrón.
Otro globo que se ha desinflado
"El problema de Oubiña es que cuando se encuentra con una causa de cierta trascendencia social y mediática hincha tanto el globo que al final lo tiene que acabar desinflando él mismo porque se impone la realidad". Quien así habla es un abogado con muchos años de experiencia que reclama el anonimato, pero que utiliza un símil muy apropiado para referirse a lo que ha ocurrido con la tramitación judicial del caso de la Villa Olímpica y con algunos otros casos tramitados por el Juzgado de Instrucción número 14."La ciudad puede dormir tranquila. Los acusados del crimen ya están en prisión", afirmó el magistrado a los numerosos periodistas que fueron a entrevistarle después de que encarcelara a los 10 jóvenes a finales de abril. "Son unos gamberros que acabaron como asesinos", dijo también el juez, después de aludir a que la violencia empleada por los imputados le recordaba a la de los protagonistas de la película La naranja mecánica. Cinco meses después, en el auto judicial notificado ayer, el asesinato de Robledo era calificado por el mismo juez como "un supuesto delito muy grave" cometido por tan sólo dos personas, según explica el mismo Oubiña: un menor de edad al que el juez considera autor material de las patadas mortales y que a lo sumo pasará cinco años internado en un centro, y otro joven que lo sujetaba. Pese a ello, el juez mantiene la imputación de asesinato para los 10.
Hace ahora un año, el juez Oubiña imputó también un supuesto delito de prevaricación a los concejales del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle y Carme San Miguel por su participación en la supuesta adjudicación directa de un contrato de limpieza de la Guardia Urbana de Barcelona en Vall d'Hebron. Los ediles pasaron por el trámite -o trago, según se mire- de tener que acudir a declarar como imputados, pero semanas después el juez les exculpó al no haberse aportado ninguna prueba que sustentara aquella grave acusación.
Algo similar ocurrió hace menos tiempo con el caso del grupo constructor AGT. En aquella ocasión Oubiña imputó, entre otros, a los alcaldes de Olesa de Montserrat (Enric Térmens) y Mataró (Manuel Mas), así como al concejal de Iniciativa per Catalunya y presidente del Patronato de la Vivienda, Eugeni Forradellas. Todos ellos fueron a declarar como imputados por su supuesta participación en las promociones de unos pisos realizados por esa constructora, pero después también acabaron exculpados de cualquier cargo. Lo mismo que les ocurrió al ex alcalde de Esplugues Antoni Pérez Garzón y al ex dirigente socialista Josep Maria Triginer, a quien Oubiña se refería en público de manera poco considerada.
Con las resoluciones de ayer, el globo del caso de la Villa Olímpica ha quedado muy desinflado, y si bien es cierto que un juez puede corregir a otro, no lo es menos que un juez es el que instruye y otros son los que juzgan a la vista de las diligencias que les llegan. Y de donde no hay, no se puede sacar. Ni siquiera aire.