Dos ediles, el secretario y cuatro técnicos de Dénia, imputados por prevaricación y tráfico de influencias
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia ha citado a declarar, en calidad de imputados, a dos concejales, el secretario y cuatro ténicos del Ayuntamiento de esta localidad de La Marina Alta. Cargos públicos y funcionarios fueron denunciados en agosto por una empresa de juego por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado admitió a trámite la querella y las declaraciones de los imputados comenzarán el lunes, con las comparecencias en el juzgado del secretario municipal, el concejal de Gobernación, Miguel Juan Llobet, y una técnico de Urbanismo....
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia ha citado a declarar, en calidad de imputados, a dos concejales, el secretario y cuatro ténicos del Ayuntamiento de esta localidad de La Marina Alta. Cargos públicos y funcionarios fueron denunciados en agosto por una empresa de juego por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado admitió a trámite la querella y las declaraciones de los imputados comenzarán el lunes, con las comparecencias en el juzgado del secretario municipal, el concejal de Gobernación, Miguel Juan Llobet, y una técnico de Urbanismo. Este edil, así como el otro imputado, Emilio Gavilá, responsable en su día del área de Urbanismo, pertenecen a la formación Gent de Dénia, que gobierna el Ayuntamiento en coalición con el PP.La denuncia tiene su origen en el proyecto de un bingo que la mercantil Fénix Dénia, SA, pretendía abrir en la población. Según ha señalado el abogado de la empresa, el letrado Antonio Martínez Camacho, inicialmente el Ayuntamiento concedió la licencia de obras y el permiso de apertura a la empresa para poner en marcha el mentado negocio. "Sin embargo, poco después retiraron esos permisos alegando una serie de requisitos complementarios que nos parecían incompresibles e imposibles de cumplir", dijo.
La mercantil presentó la denuncia el pasado 2 de agosto. A los pocos días, el Ayuntamiento rectificó y volvió a autorizar a la empresa la apertura del bingo. "Nosotros mantenemos la querella porque pensamos que los imputados han podido incurrir en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias", argumentó el letrado. La mercantil solicita también una indemnización de 1.000 millones de pesetas en concepto de daños y perjuicios.