El Gobierno anuncia un plan de integración para las familias gitanas más pobres

Representantes de varias asociaciones gitanas de la región, técnicos de la Comunidad y expertos de varias universidades españolas se han sentado a hablar en la primera Mesa de trabajo por la integración del pueblo gitano, que pretende discutir y elaborar medidas nuevas para atender las necesidades de este colectivo, y en concreto, a las familias gitanas más pobres de la región. Este programa específico para el pueblo calé se encuadra en un proyecto más ambicioso de la Consejería de Servicios Sociales: el Plan de lucha contra la exclusión y la pobreza, que verá la luz dentro de un año.

E...

Representantes de varias asociaciones gitanas de la región, técnicos de la Comunidad y expertos de varias universidades españolas se han sentado a hablar en la primera Mesa de trabajo por la integración del pueblo gitano, que pretende discutir y elaborar medidas nuevas para atender las necesidades de este colectivo, y en concreto, a las familias gitanas más pobres de la región. Este programa específico para el pueblo calé se encuadra en un proyecto más ambicioso de la Consejería de Servicios Sociales: el Plan de lucha contra la exclusión y la pobreza, que verá la luz dentro de un año.

Entrar y salir del IMI

El Plan de lucha contra la exclusión ofrecerá su primer diagnóstico de la situación regional en enero de 2001, y en septiembre de ese año podría estar listo para ser votado en la Asamblea madrileña, según la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez. Hasta entonces, un equipo de expertos coordinado por la Universidad de Navarra, profesionales de varias universidades madrileñas y de Castilla-La Mancha y la asociación Cáritas estudiarán nuevas fórmulas de apoyo económico a las familias más desfavorecidas de la región que, en su caso, puedan sustituir al actual ingreso mínimo de integración (IMI), un salario mínimo de hasta 41.425 pesetas que la Comunidad entrega a quienes tienen ingresos inferiores a esa cantidad.La vigencia del IMI, que nació hace una década y del que se han beneficiado hasta hoy 35.320 familias (algo más del 2% de la población madrileña), se pone ahora en cuestión en virtud de los "nuevos perfiles sociales" que se dan en la región. "Las mujeres con cargas familiares no compartidas, las personas con problemas de salud, los inmigrantes, las mujeres maltratadas o el colectivo gitano son grupos en aumento en nuestra sociedad", explica Pilar Martínez.

Los cambios vividos por estos y otros colectivos en los últimos años hacen necesaria, según el Gobierno y los sindicatos, una modificación del sistema de rentas mínimas, así como la adopción de medidas complementarias que favorezcan su integración. "La exclusión no tiene sólo causas económicas; hay que abordarla también desde el punto de vista político, social, de vivienda...", añade Martínez.

Las familias gitanas presentan dificultades específicas a la hora de percibir el ingreso mínimo de la Comunidad. "Muchas de ellas entran y salen del IMI constantemente, porque incumplen a menudo los requisitos exigidos: se niegan a escolarizar a los niños; realizan trabajos no reglados, como vender flores en los mercados, al tiempo que perciben el ingreso mínimo... Es decir, entienden, equivocadamente, que el IMI es un ingreso de por vida para complementar otros". La mesa de discusión organizada con las asociaciones calés pretende poner freno a esta situación y buscar nuevas vías de integración.Pero la modificación del IMI no afectará sólo a las familias gitanas. El Gobierno y los sindicatos coinciden en la necesidad de reformar esta fórmula. Por lo pronto, el presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió ayer, tras su encuentro con CC OO y UGT, a elaborar, en el seno del Plan contra la exclusión, una ley de rentas mínimas que sustituya al IMI, que ahora sólo tiene rango de decreto-ley (es decir, puede ser modificado por el presidente del Gobierno regional, mientras que la ley ha de ser discutida y votada en la Asamblea). Es el primer paso en un debate del que los sindicatos quieren sacar la renovación radical del ingreso mínimo.

Las centrales CC OO y UGT pretenden extender el IMI a aquellas personas, fundamentalmente parados de larga duración, que necesitan esa aportación económica pero que no se encuentran en una situación de exclusión social, y que, en su opinión, no tendrían por qué cumplir ciertos requisitos (realizar cursos de formación, tener limpia la casa, llevar a los niños al colegio) exigidos en la actualidad.