Algeciras insiste en culpar a Gibraltar de los vertidos al mar

La negativa del Gobierno de Gibraltar, que preside Peter Caruana, a reconocer que gran parte de los vertidos de este verano en aguas de la bahía de Algeciras tenían su origen en la colonia británica, motivó ayer reacciones de algunos dirigentes políticos del Campo de Gibraltar.El diputado del PP en la provincia de Cádiz José Ignacio Landaluce aseguró ayer que "Gibraltar es el peor vecino que le puede tocar a uno". Landaluce respondió así al Gobierno del Peñón, que se había defendido de las acusaciones españolas acerca de la política medioambiental que se lleva a cabo en la colonia británica....

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La negativa del Gobierno de Gibraltar, que preside Peter Caruana, a reconocer que gran parte de los vertidos de este verano en aguas de la bahía de Algeciras tenían su origen en la colonia británica, motivó ayer reacciones de algunos dirigentes políticos del Campo de Gibraltar.El diputado del PP en la provincia de Cádiz José Ignacio Landaluce aseguró ayer que "Gibraltar es el peor vecino que le puede tocar a uno". Landaluce respondió así al Gobierno del Peñón, que se había defendido de las acusaciones españolas acerca de la política medioambiental que se lleva a cabo en la colonia británica.

El diputado popular considera "una vergüenza" la actitud que adopta Gibraltar con sus vecinos españoles. "La verdad de los vertidos y su procedencia la traen los vientos y las corrientes, que acaban depositando sus basuras en nuestras playas", agregó Landaluce, que exigió a Caruana el cumplimiento de las directrices comunitarias en esta materia.

También el alcalde de Algeciras, el andalucista Patricio González, se pronunció ayer acerca de este asunto: "La única respuesta que se le puede dar a Peter Caruana cuando asegura que Gibraltar no es responsable de los vertidos es mostrarle el informe de la empresa MDS Transmodal que habla de la total falta de control y de la carencia de medidas en el puerto gibraltareño".

El informe al que hizo referencia González fue redactado por dicha empresa a petición del Ayuntamiento algecireño en 1998, aunque desde la colonia británica se negó rotundamente conocer el contenido de dicho documento.

González considera prioritario que "Caruana busque soluciones a su propio informe y, sobre todo, que controle la venta pirata de combustible en aguas de su jurisdicción".

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