Editorial:

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La gráfica de la violencia doméstica no deja de subir. La última víctima, Josefa R.O., una mujer de 51 años a la que su compañero roció con gasolina y luego prendió fuego en Madrid, se debate aún entre la vida y la muerte. Entre enero y junio, 30 mujeres han perdido la vida en España a causa de la violencia ejercida contra ellas por su pareja, cinco más que el año pasado en el mismo periodo, y los intentos de homicidio se suceden cada vez con mayor frecuencia. El número de denuncias aumenta también, pero no en la proporción que sería de esperar, habida cuenta de la creciente sensibilización an...

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La gráfica de la violencia doméstica no deja de subir. La última víctima, Josefa R.O., una mujer de 51 años a la que su compañero roció con gasolina y luego prendió fuego en Madrid, se debate aún entre la vida y la muerte. Entre enero y junio, 30 mujeres han perdido la vida en España a causa de la violencia ejercida contra ellas por su pareja, cinco más que el año pasado en el mismo periodo, y los intentos de homicidio se suceden cada vez con mayor frecuencia. El número de denuncias aumenta también, pero no en la proporción que sería de esperar, habida cuenta de la creciente sensibilización ante el problema y los medios habilitados en los últimos años para facilitar que las víctimas emerjan del pozo de terror en el que viven y denuncien a sus agresores. En los seis primeros meses de este año, el número de denuncias presentadas ha sido de 10.838, apenas 400 más que el año anterior. Estas cifras están lejos de representar la magnitud real del problema: una encuesta reciente indicaba que el 12% de las mujeres se consideran víctimas de malos tratos físicos o psíquicos en el hogar.

El goteo permanente de noticias sobre agresiones a mujeres está tejiendo, día a día, la crónica de un fracaso. Es evidente que el Plan de Choque contra la Violencia Doméstica que el Gobierno puso en marcha tras el asesinato, en diciembre de 1997, de Ana Orantes a manos de su marido, también por el procedimiento de rociarla con gasolina, ha supuesto una mejora importante, sobre todo en lo relativo a la creación de recursos para acoger a las mujeres que denuncian a sus parejas y necesitan cobijo. Pero las 2.300 plazas que suman los 196 centros de acogida que existen en España son aún insuficientes y es especialmente sangrante la falta de recursos preventivos. No basta con ayudar cuando el mal ya se ha instaurado. Hay que prevenir.

Las organizaciones de mujeres y los partidos de izquierda plantean la necesidad de dar un salto cualitativo en la lucha contra la violencia doméstica. El PSOE ya ha anunciado que en cuanto se inicie el nuevo curso parlamentario presentará una proposición de ley integral contra la violencia doméstica.

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Ante la dimensión que está cobrando este fenómeno, está claro que no es suficiente con aumentar la asistencia y la protección a las mujeres que ya han sido víctimas de los malos tratos, como propone el Gobierno. Hay que articular una red de medidas que incidan en las causas que provocan las agresiones, desde los valores culturales que las hacen posibles a la situación de dependencia en la que se encuentran la mayoría de las víctimas. También es preciso revisar la sanción penal que merece una lacra social como ésta y crear dispositivos legales de protección realmente eficaces, que impidan que los hombres violentos consumen sus amenazas. Mientras esto no suceda, el terror seguirá siendo el principal aliado de los agresores. Y las cifras seguirán golpeando la conciencia adormecida de los gobernantes.

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