El cambio de cónsul en Miami activó la protección de Martínez

El cambio de cónsul general en Miami (Estados Unidos) a comienzos de 1997 activó la protección consular al español José Joaquín Martínez, quien hasta ese momento no había recibido la asistencia completa que se debe prestar a los españoles detenidos en el extranjero, según testimonios del propio acusado, sus familiares y otras personas relacionadas con el caso. Tras la sustitución de Carlos Abella, actual embajador en el Vaticano, Martínez recibió ayuda económica, y el siguiente cónsul, Miguel Díaz-Pache, se entrevistó en persona con el juez del caso. Pese a estas gestiones, Martínez fue conden...

El cambio de cónsul general en Miami (Estados Unidos) a comienzos de 1997 activó la protección consular al español José Joaquín Martínez, quien hasta ese momento no había recibido la asistencia completa que se debe prestar a los españoles detenidos en el extranjero, según testimonios del propio acusado, sus familiares y otras personas relacionadas con el caso. Tras la sustitución de Carlos Abella, actual embajador en el Vaticano, Martínez recibió ayuda económica, y el siguiente cónsul, Miguel Díaz-Pache, se entrevistó en persona con el juez del caso. Pese a estas gestiones, Martínez fue condenado a muerte, sentencia que fue revocada el pasado mes.

Joaquín José Martínez, ciudadano español registrado en el consulado general en Miami, no recibió la visita en la cárcel, ni tampoco la llamada telefónica del cónsul general Carlos Abella, ni del cónsul honorario en Tampa, Emiliano Salcines. En declaraciones a este periódico, los tres ratificaron este punto. "Si el cónsul al menos hubiera llamado a la cárcel o la fiscalía y me hubiera respaldado... Pero me dejó solo", declaró Martínez.De la atención que Abella prestó a Martínez y a sus padres da idea el hecho de que el embajador Abella aseguró la semana pasada a EL PAÍS que "nunca" supo "de ese señor". Por su parte, el cónsul honorario Salcines señaló que "ni el consulado, ni Martínez, ni los padres me pidieron que fuera a la cárcel".

El 20 de febrero de 1997 tomó posesión el nuevo cónsul en Miami, Miguel Díaz-Pache, y todo cambió. Según aseguró Salcines a este periódico, el nuevo cónsul solicitó una entrevista personal con el juez Rodgers Padgett, al que transmitió un documento del Gobierno español en el que se solicitaba clemencia.

"Cuando el cónsul Díaz-Pache me pidió que le facilitara una entrevista con el juez, yo le llamé y el juez dijo que sí y Díaz-Pache le presentó un documento oficial del Gobierno español y Padgett le dijo que lo consideraría y lo haría parte oficial del caso".

El consulado, a cuyo frente se situaba Abella, conoció el 13 de junio de 1996 de la situación de Martínez mediante una carta manuscrita en inglés que el propio interesado remitió a la sede diplomática. Según fuentes diplomáticas, y en contra de lo estipulado por una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores que establece que debe comunicarse por escrito a Madrid la detención de un ciudadano español en el extranjero, el caso no se conoció de esta forma en Exteriores hasta el primer trimestre de 1997, cuando Abella ya había sido promovido a la representación ante el Vaticano. La Oficina de Información Diplomática confirmó ayer que no hay constancia de un escrito en este sentido en la etapa de Abella, aunque el canciller de entonces, Jesús Marinas, mantuvo conversaciones telefónicas con Exteriores en las que, entre otros asuntos, citó el caso.

"Estuvimos un año y medio sin asistencia del cónsul y eso no se puede permitir", aseguraron los padres del preso español el pasado 29 de junio en el Senado ante una ponencia que estudia la situación de los reclusos españoles en el extranjero. Abella aseguró no conocer a los Martínez, pero un poder notarial, el poder general número 383, aparece firmado por Abella en presencia de los padres de Joaquín José.

La opinión de los Martínez sobre los dos cónsules generales que, sucesivamente, sustituyeron a Abella es totalmente contraria. "Para nosotros, Miguel Díaz-Pache y Javier Vallaure son como de nuestra familia. Si todos los diplomáticos fueran como ellos, los españoles en el extranjero no tendrían problemas". Los elogios se extienden al personal del consulado durante la etapa de Abella, entre ellos el canciller Marinas, a quien definen como "buena persona, pero [que] no podía hacer nada".

Durante el tiempo en el que Abella ejerció como cónsul general en Miami, Martínez tampoco recibió ayudas económicas. Éstas constan de 4.000 dólares (unas 720.000 pesetas) para sufragar los gastos judiciales y de 100 dólares mensuales (unas 17.000 pesetas) que puede recibir el preso en la cárcel. Las ayudas económicas comenzaron sólo tras el relevo de Abella al frente del consulado.