La sangrienta escalada etarra
Ocho personas han muerto a manos de la banda criminal en su reguero de 18 atentados desde el pasado 21 de enero, después de un año y medio de alto el fuego
Pocos se acuerdan ya del alivio que supuso la declaración de tregua por parte de ETA el 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de que partidos, sindicatos y organizaciones nacionalistas firmaran en Estella (Navarra) el Pacto de Lizarra. La banda terrorista, tras año y medio sin haber causado víctimas mortales -aunque parece evidente que no cesó en el resto de sus labores para rehacer, engrasar sus comandos o para aprovi...
Ocho personas han muerto a manos de la banda criminal en su reguero de 18 atentados desde el pasado 21 de enero, después de un año y medio de alto el fuego
Pocos se acuerdan ya del alivio que supuso la declaración de tregua por parte de ETA el 16 de septiembre de 1998, cuatro días después de que partidos, sindicatos y organizaciones nacionalistas firmaran en Estella (Navarra) el Pacto de Lizarra. La banda terrorista, tras año y medio sin haber causado víctimas mortales -aunque parece evidente que no cesó en el resto de sus labores para rehacer, engrasar sus comandos o para aprovisionarse-, ha emprendido una salvaje campaña de atentados que deja el año 1999, el único sin asesinatos desde 1973, como un periodo pleno de confusión en el que se pasó de la confianza casi sin límite a la decepción más absoluta en unos pocos meses. La única reunión que se produjo entre dirigentes de ETA y los delegados del Gobierno para el diálogo con la banda, el 19 de mayo en Zürich (Suiza), se saldó con una constatación de que las posturas estaban en las antípodas.Militares, policías, políticos, empresarios, periodistas... Como antes del alto el fuego, casi nadie se libra de la actual ofensiva terrorista. Desde el 21 de enero, fecha en la que murió un militar en Madrid, ocho personas han muerto a manos de ETA en los 18 atentados que ha ejecutado. Y más de 25 personas han resultado heridas.
Ya a finales de 1999, ETA había intentado perpetrar un atentado de consecuencias imprevisibles. La Guardia Civil interceptó el 20 de diciembre -sólo 17 días después de concluir la tregua- en las cercanías de Calatayud (Zaragoza) una furgoneta, rumbo a Madrid, con 900 kilogramos de cloratita y 50 de dinamita. Dos días después, otra vez la Guardia Civil detectó una furgoneta en Alhama de Aragón (Zaragoza) con una cantidad similar de explosivos. El material procedía del robo de unas ocho toneladas de explosivos que la organización terrorista perpetró en Plevín (Bretaña, Francia) meses antes, en pleno alto el fuego. Una tregua que, a juicio del ministro del Interior, Jaime Mayor, era una trampa, como después admitiría en público ETA en un comunicado. Un plazo de tiempo en el que, según varios dirigentes nacionalistas, debería de "haberse suspendido la justicia penal" y no perseguir a los activistas.
Pero aunque los terroristas no pudieron hacer llegar los dos coches hasta su destino final, sólo tardarían un mes en alcanzar uno de sus objetivos. El 21 de enero de este año, un coche bomba cargado con 20 kilos de explosivos estalló en un barrio de Madrid en el que residen numerosos militares. El teniente coronel Pedro Antonio Blanco García murió destrozado cuando esperaba su vehículo oficial. Primeras condolencias y condenas tras 17 meses sin muertos, desde que el 25 de junio de 1998 la banda asesinara al concejal del PP de Rentería Manuel Zamarreño. Pero también sugirió Xabier Arzalluz que el Ministerio del Interior, dirigido por la bestia negra del PNV, Jaime Mayor, no ponía todo el empeño necesario para atajar los atentados.
Un mes y un día después de su sangrienta reaparición ETA golpeaba de nuevo. El 22 de febrero de este año una brutal explosión hizo temblar la sede del Gobierno vasco en Vitoria, donde el portavoz del Ejecutivo, Josu Jon Imaz, ofrecía una conferencia de prensa. El rostro de Imaz reflejaba que tenía pocas dudas sobre el origen del estruendo. La organización terrorista había despedazado con un coche bomba al portavoz de los socialistas vascos en el Parlamento de Vitoria, Fernando Buesa, y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. A muy pocos metros de donde el portavoz del Gabinete de Juan José Ibarretxe ofrecía su rueda de prensa. Tras este doble asesinato comienzan a hacerse más que palpables en público las enormes discrepancias entre los partidos nacionalistas y los de ámbito estatal. En las manifestaciones que siguen al crimen no escasean los insultos al lehendakari, Juan José Ibarretxe, y las peticiones de dimisión. Los nacionalistas acusan al Gobierno central y al PP de organizar una operación de acoso y derribo contra el jefe del Ejecutivo vasco y de ser incapaces de encauzar un diálogo para solucionar el conflicto vasco. Los desencuentros en posteriores manifestaciones tras los atentados serán más que frecuentes.
El siguiente objetivo alcanzado con éxito fue la Guardia Civil. Al paso de un vehículo blindado de este cuerpo de seguridad por el barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián, el estallido de un coche bomba deja siete heridos, dos de ellos civiles. Corría el 6 de marzo.
También tuvo suerte el periodista radiofónico Carlos Herrera el pasado 27 de marzo. El escáner de la sede de Radio Nacional en Sevilla detecta el explosivo envuelto en una caja de puros que la banda le había enviado a mod de regalo. Y es que este método no es tan fiable como el que se reservó ETA para el 7 de mayo.
Ese día, domingo, José Luis López de Lacalle salió de su casa de Andoain (Guipúzcoa) para comprar los periódicos. Era columnista habitual del diario El Mundo. No los leyó nunca. Un pistolero le disparó cuatro tiros a bocajarro. López de Lacalle, uno de los fundadores del Foro Ermua, había sido militante antifranquista del Partido Comunista de España. Como militaba en un partido político -el PP- y en un sindicato nacionalista que forma parte de los organismos firmantes del Pacto de Lizarra -ELA- la siguiente víctima mortal de los terroristas: Jesús María Pedrosa.
Pedrosa, concejal del Partido popular en el Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), recibía un tiro el 4 de junio cuando se dirigía a tomar unos potes. Solía acudir al batzoki, sede social del PNV.
Pero la escalada brutal de atentados de todo tipo estaba aún por llegar. ¿Situación de máxima debilidad de ETA y huida hacia adelante o demostración de la fortaleza y capacidad de la banda? Ha sido julio el mes de los coches bomba y las bombas lapa. Aunque el primer aviso se produjo el 25 de junio. Una potente explosión sacudió el barrio de Neguri (Getxo, Vizcaya), lugar de residencia de importantes empresarios vascos.
El día 7 activistas de la banda colocan una bomba lapa en los bajos de la furgoneta que conducía la hija del hostelero de Ordizia (Guipúzcoa) Juan Bautista Rubio Beloki. El kilo de explosivo procedía del robo de Plevín en Bretaña.
El día 12 dos terroristas abandonan un coche cargado con 20 kilos de explosivos en la plaza de Callao, en el centro de Madrid. Tras una llamada de los terroristas, el vehículo explota a las 6.30 y provoca heridas a nueve personas y cuantiosos daños materiales. El reguero de coches bomba y de bombas lapas casi no cesó en las jornadas siguientes. El 16 de julio, un coche bomba hiere a una mujer en Ágreda (Soria). El vehículo estalló frente a un cuartel de la Guardia Civil. Tres días después, una bomba lapa es adherida por los terroristas a los bajos del coche de José Asenjo, vicesecretario general del PSOE de Andalucía y actual miembro de la Ejecutiva Federal socialista. No estalló.
Sí explotó el siguiente coche bomba, colocado de nuevo en Neguri, frente a la casa de Pilar Aresti, senadora del PP. Las ventanas destrozadas, marcos desvencijados, persianas retorcidas y tejados maltrechos volvían a verse en la próspera zona residencial. Era el 24 de julio. El 26, el atentado se dirigía contra una persona concreta: Agustín Ramos, concejal del PP de Abadiño (Vizcaya). Su escolta se da cuenta de que el vehículo de su protegido tiene una bomba lapa. Ramos sólo se queda sin coche. Pero antes de esta macabra sucesión de bombazos, los etarras lograron su objetivo con el sistema que casi nunca falla. El concejal del PP en Málaga José María Martín Carpena es abatido a tiros. Su esposa y su hija presencian el asesinato.
Y tampoco erró el activista que se enteró de que Juan María Jáuregui -ex gobernador civil de Guipúzcoa durante los últimos Gobiernos socialistas y una de las personas que comprometió con sus declaraciones al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y que se mostró siempre abierto a tender puentes con los partidos nacionalistas- había regresado de Chile, donde trabajaba, para pasar unos días en su pueblo. Era de Legorreta (Guipúzcoa). Cuando, muy cerca, en Tolosa, el pasado 29 de julio, Jáuregui acudió a un céntrico bar a una cita con un periodista de la televisión pública vasca (ETB) dos terroristas le estaban esperando, desde hacía media hora, en la barra del bar. Le pegaron dos tiros y tranquilos se marcharon.
La última víctima mortal de ETA ha sido José María Korta, presidente de Adegi, la patronal guipuzcoana, asesinado ayer con un coche bomba. Un método que hace pocos días, el pasado jueves, era reclamado por los simpatizantes etarras en una contramanifestación que organizaron en los jardines Eder de San Sebastián frente a la plataforma ¡Basta Ya!: "Contra represión, coches bomba solución", gritaban. Y es más que probable que hubiera que añadir alguna víctima más a la lista de ocho asesinados en lo que va de año si el comando al que le estalló la noche del lunes en Bilbao el explosivo que transportaba no hubiera sufrido la bestial explosión que despedazó a los cuatro etarras que viajaban en el coche. O si la onda expansiva del coche bomba que ayer por la tarde explotó en el madrileño barrio de Chamartín hubiera alcanzado de lleno al guardia jurado que trabajaba en una empresa situada en la calle Platerías.