La fiscalía pide 20 meses de cárcel para una cajera de Educación
El fiscal solicita 20 meses de cárcel y dos años y seis meses de inhabilitación para una cajera del Ministerio de Educación acusada de malversar entre 17 y 35 millones de las arcas públicas. La acusada, Guadalupe A. P., de 47 años, "incorporó a su patrimonio personal", entre 1991 y 1996, "fondos de la tesorería del ministerio que le habían sido confiados" por su cargo, afirma el fiscal. Para ello, "utilizó diversos métodos, como la contabilidad duplicada de diversos pagos, la salida ficticia de fondos, así como el no registrar en el libro de caja devoluciones de fondos o cheques cobrados y que...
Indemnizar al Estado
El fiscal solicita 20 meses de cárcel y dos años y seis meses de inhabilitación para una cajera del Ministerio de Educación acusada de malversar entre 17 y 35 millones de las arcas públicas. La acusada, Guadalupe A. P., de 47 años, "incorporó a su patrimonio personal", entre 1991 y 1996, "fondos de la tesorería del ministerio que le habían sido confiados" por su cargo, afirma el fiscal. Para ello, "utilizó diversos métodos, como la contabilidad duplicada de diversos pagos, la salida ficticia de fondos, así como el no registrar en el libro de caja devoluciones de fondos o cheques cobrados y que debían ingresarse" en la contabilidad. Tras ser detenida, la acusada ha consignado 20 millones de pesetas "con el fin de cubrir las responsabilidades derivadas" del presunto delito cometido.
El fiscal la acusa de malversación y falsedad de documentos, y afirma que la cantidad sustraída por la acusada "no es inferior a 17 millones de pesetas". El Tribunal de Cuentas está auditando la contabilidad de esa caja para determinar la cuantía sustraída. Entiende el ministerio público que cabe aplicarle como eximente "el trastorno depresivo recurrente" que afecta a la acusada y que "disminuye su capacidad de querer y entender".
El abogado del Estado solicita para Guadalupe 10 años de cárcel, una multa de 24 meses, que sea inhabilitada para el cargo durante cerca de 20 años y que indemnice al Estado con 35 millones. Asegura este letrado, que representa a Educación, que la procesada estaba adscrita a la subdirección de los servicios centrales y que, valiéndose de su condición de cajera, distrajo 35 millones, como han certificado los peritos que han examinado las cuentas. Según este abogado, otro de los métodos empleados por Guadalupe era hacer constar, en los justificantes de pago, cantidades superiores a la previstas para quedarse ella la diferencia. La defensora de la acusada admite los hechos, si bien explica que su cliente estaba enferma. Destaca que Guadalupe lleva 37 años de funcionaria. Indica que en octubre de 1960 comenzó a prestar su cometido en el servicio escolar de alimentación y nutrición del Ministerio de Educación, en el que permaneció hasta 1970. Y que finalmente fue destinada a la caja en 1989, donde estuvo hasta 1996.
Según la abogada, la vida familiar de Guadalupe ha sido muy angustiosa en los últimos años. Ha sufrido dos intentos de suicidio y varios ingresos en centros psiquiátricos. Su trastorno es tan severo que le ha llevado a ser incapaz de distinguir "entre lo que está bien y mal, y de entender y razonar como una persona normal". La abogada admite que su cliente ha sustraído entre 1991 y 1996 "una cantidad económica que ni siquiera ella puede cuantificar, pero que en cualquier caso es inferior a 17 millones". Y señala que otros compañeros y jefes de su cliente también tenían acceso a la caja.
Guadalupe está suspendida de funciones desde 1997, lo que ha empeorado su enfermedad. Sólo percibe el 75% de su retribución.