El Gobierno regional suprime subvenciones a inmigrantes para respetar la Ley de Extranjería

El Gobierno regional, del PP, ha suprimido el programa de subvenciones al alquiler para extranjeros necesitados incluido en el penúltimo borrador del Plan Regional de Inmigración. El viceconsejero de Servicios Sociales, José María Alonso Seco, explica que estas ayudas "chocaban" con la actual Ley de Extranjería. "Suponían una discriminación positiva hacia los inmigrantes, porque no existe un programa similar al que puedan optar los madrileños, y la ley dice que los extranjeros deben acceder a las ayudas en vivienda en las mismas condiciones que los españoles", matiza.

El plan preveía 40...

El Gobierno regional, del PP, ha suprimido el programa de subvenciones al alquiler para extranjeros necesitados incluido en el penúltimo borrador del Plan Regional de Inmigración. El viceconsejero de Servicios Sociales, José María Alonso Seco, explica que estas ayudas "chocaban" con la actual Ley de Extranjería. "Suponían una discriminación positiva hacia los inmigrantes, porque no existe un programa similar al que puedan optar los madrileños, y la ley dice que los extranjeros deben acceder a las ayudas en vivienda en las mismas condiciones que los españoles", matiza.

Otros servicios

El plan preveía 400 ayudas de hasta el 50% de la renta el primer año y del 25% el segundo para pisos arrendados por trabajadores extranjeros . Así pretendía combatir el hacinamiento y el chabolismo vertical que sufren los sectores de la población con menos ingresos, entre ellos numerosos inmigrantes. Pero el artículo 13 de la actual Ley de Extranjería sobre el derecho a ayudas en materia de vivienda dice textualmente: "Los extranjeros residentes y los que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles".

Alonso Seco, jurista de formación y asesor del Defensor del Pueblo en temas de sanidad hasta que hace un mes asumió el cargo de viceconsejero de Servicios Sociales, estima que esas 400 ayudas al alquiler previstas en tres años (de 2001 a 2003) vulneran dicho artículo porque suponen "una discriminación positiva hacia los inmigrantes", ya que "no existe otro programa similar al que puedan acceder también los españoles".

"A nosotros nos gustaría poder incluir esas ayudas al alquiler porque creemos que son una medida muy adecuada, pero no podemos colisionar con la Ley de Extranjería, el plan tiene que estar articulado legalmente", añade el viceconsejero.

El suprimido programa de subvención de alquileres a dos años no era algo innovador ni experimental. Ya se ensayó en 1997 para desmantelar el poblado chabolista magrebí de Peña Grande (Fuencarral). Entonces se concedieron ayudas para el pago de la renta a 134 familias (el primer año la subvención podía llegar hasta el 75%).

A la pregunta de por qué entonces se pudo hacer y ahora no, el viceconsejero replica que la anterior Ley de Extranjería, la de 1985, no regulaba el derecho a la vivienda o a los servicios sociales de los inmigrantes, sino sólo aspectos relacionados con los permisos de residencia y trabajo. "Si la ley actual no apostillara lo de 'en igualdad de condiciones' no habría problema alguno", añade.

El plan propone otros servicios específicos para inmigrantes, como la apertura de 16 nuevos centros de atención social para ellos o la creación de 240 plazas de acogida (en pisos tutelados y hostales), donde los extranjeros en situaciones de urgente necesidad puedan cobijarse durante un máximo de tres meses. ¿Por qué esos servicios no se consideran discriminación positiva?Alonso Seco replica que esos centros son servicios sociales generales, dirigidos, sobre todo, a inmigrantes que aún no tienen el permiso de residencia, "y en esos casos la ley no impide que existan servicios específicos porque no especifica que deban de prestarse en igualdad de condiciones con los españoles". El artículo 14 de la ley indica que "los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones básicas".

Inmigrantes residentes y españoles tienen igualdad de derechos en el Plan de Vivienda de la Comunidad (pisos sociales de rentas bajas, ayuda de hasta el 100% del alquiler a un año para parejas jóvenes...). De hecho, según datos del propio plan, un 17% de los adjudicatarios de pisos sociales en 1999 fueron inmigrantes.

El viceconsejero recuerda que el actual borrador del plan no es todavía el definitivo al estar sujeto a cambios, pues deben elaborar informes sobre él los sindicatos, empresarios y expertos del Consejo Económico y Social (CES), el Foro Regional de la Inmigración, integrado por instituciones y ONG, y los parlamentarios autonómicos. Hasta otoño no se aprobará en la Asamblea.

En la región viven 158.885 inmigrantes con permiso de trabajo y residencia (una quinta parte del total de todo el Estado), según datos del Ministerio del Interior de diciembre de 1999. El 60% son extracomunitarios y el resto son ciudadanos originarios de países de la Unión Europea o familiares. Estas cifras aumentarán a partir de que el 31 de julio finalice el proceso de regularización, iniciado el 21 de marzo y al que en Madrid se han presentado ya 52.401 sin papeles.