Medio Ambiente realiza 2.000 inspecciones en seis meses sin llevar ninguna denuncia al fiscal

La Unidad de Inspección Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha realizado casi 2.000 inspecciones en los primeros seis meses de este año, según aseguró ayer el consejero Fernando Modrego para salir al paso de las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la presunta pasividad del Consell en su obligación de proteger el medio natural. Según los datos de Modrego, en este semestre se han abierto 177 expedientes sancionadores a empresas y hasta se han impuesto multas por 139 millones. Sin embargo, no ha trasladado ninguna denuncia al fiscal.

La memoria de la Fiscalía d...

La Unidad de Inspección Medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha realizado casi 2.000 inspecciones en los primeros seis meses de este año, según aseguró ayer el consejero Fernando Modrego para salir al paso de las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la presunta pasividad del Consell en su obligación de proteger el medio natural. Según los datos de Modrego, en este semestre se han abierto 177 expedientes sancionadores a empresas y hasta se han impuesto multas por 139 millones. Sin embargo, no ha trasladado ninguna denuncia al fiscal.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana supuso un auténtico tirón de orejas a la consejería al calificar de "lamentable el desinterés que se muestra en la protección del medio ambiente y la falta de sensibilidad que se revela en tales temas" desde el Consell. "No se acaba de comprender cómo, existiendo en la Comunidad Valenciana una Consejería de Medio Ambiente, sin embargo sea tan ineficaz", añadía la memoria para después constatar que "en los tres años y medio que lleva existiendo esta sección [de la fiscalía], jamás por dicha consejería se nos ha comunicado hecho alguno que pudiera constituir ilícito penal".Ante estas críticas, el consejero decidió informar ayer de su actividad investigadora. Y según sus datos, las inspecciones en seis meses ya igualan a las de todo 1999. Sin embargo, los críticos argumentan que la apertura de expedientes sancionadores en cumplimiento administrativo de la legislación no exime de denunciar ante los juzgados. Es decir, la administración tiene la obligación de denunciar todos aquellos hechos que puedan constituir un delito incluido en el Código Penal.

Y las cifras hablan por sí solas. El ministerio público realizó en 1999 hasta 110 investigaciones penales, en las que la mayoría provenían de denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los líderes en esta materia. Otros métodos fueron las denuncias de particulares o la apertura de invesgaciones de oficio desde la fiscalía. Sin embargo, la consejería sigue sin poner denuncias.

En cuanto a sus expedientes, de los 177 abiertos en 2000, 82 se han resuelto y han dado lugar a sanciones por 139 millones de pesetas cifra superior a los 135 millones correspondientes a todo 1999. La mayoría de las inspecciones se hicieron en la cuenca hidrográfica del parque natural de L'Albufera, que se han saldado con 14 expedientes y 11 procedimientos de cierre de la actividad.

Modrego destacó que ha remitido 15 expedienes a la fiscalía (13 por actuaciones en el marjal de Xeresa, uno en el de Pego y otro sobre una transformación agrícola en Castellón). Pero siempre tras denuncias ajenas.