La desvergüenza
Una mayoría absoluta es una mayoría absoluta. Permite al partido que la alcanza formar Gobierno sin necesidad de tener que pactar con ningún otro partido y poner en práctica sin hipotecas el programa con el que concurrió a las elecciones. Pero nada más. Una mayoría absoluta no legitima al Gobierno y en particular a su presidente para definir de manera vinculante el código ético al que tienen que ajustar su conducta los ciudadanos. La voluntad del presidente del Gobierno no puede constituirse en una sociedad democrática en el canon con el que valorar éticamente las conductas públicas o privadas...
Una mayoría absoluta es una mayoría absoluta. Permite al partido que la alcanza formar Gobierno sin necesidad de tener que pactar con ningún otro partido y poner en práctica sin hipotecas el programa con el que concurrió a las elecciones. Pero nada más. Una mayoría absoluta no legitima al Gobierno y en particular a su presidente para definir de manera vinculante el código ético al que tienen que ajustar su conducta los ciudadanos. La voluntad del presidente del Gobierno no puede constituirse en una sociedad democrática en el canon con el que valorar éticamente las conductas públicas o privadas.Y sin embargo, en ésas estamos. Y además con un grado de arbitrariedad literalmente escandaloso. Toda la información de que disponemos acerca de Josep Piqué pone de manifiesto que su comportamiento no es que no sea ejemplar sino que es sospechoso de ser constitutivo de delito. Y no me refiero a la forma en que Piqué cumple sus obligaciones tributarias. Me refiero a su conducta como empresario privado y como ministro. El fiscal que investigó el presunto delito de alzamiento de bienes por Josep Piqué cuando era presidente de Ercros consideró que había suficientes indicios de criminalidad como para que se iniciaran actuaciones contra él. El fiscal en el Tribunal de Cuentas que ha estudiado la condonación de una deuda de 8.000 millones a esa empresa considera que la conducta de Piqué como ministro de Industria también tiene que ser investigada. Hay indicios objetivos de criminalidad en la conducta del señor Piqué tanto en su condición de empresario privado como en su condición de ministro e indicios apreciados por todos los fiscales que la han investigado. El presidente del Gobierno, por el contrario, considera que su conducta es intachable y lo ha "elevado" a la condición de ministro de Asuntos Exteriores en lo que únicamente cabe interpretar como una maniobra de presión sobre el Tribunal Supremo. ¿Va a atreverse el Supremo a pedir el suplicatorio para proceder penalmente contra el ministro de Asuntos Exteriores de España? Éste y no otro es el cálculo que está detrás de la "promoción" de Josep Piqué, ya que no hay nada en su trayectoria profesional y política anterior que lo acredite para la dirección de la política exterior del país.
Completamente contraria es la valoración de la conducta del presidente de Telefónica. En la pasada legislatura se solicitó en varias ocasiones por algunos de los partidos de la oposición la comparecencia de Juan Villalonga en el Congreso de los Diputados para que diera razón de algunas de las decisiones que había adoptado y de algunas de las operaciones que había puesto en marcha. Con la inestimable ayuda de CiU, el Gobierno se opuso siempre a dicha comparecencia alegando que se trataba de un empresario privado y que los poderes públicos no debían valorar la conducta de tales empresarios. Para eso estaba el consejo de administración de la propia empresa y los organismos reguladores independientes, como la CNMV.
Ésa era la doctrina oficial hasta que el presidente del Gobierno, por el motivo que sea, ha decidido que debe ser modificada y ha iniciado una cacería, siguiendo la línea que tan buen resultado le dio en la legislatura del 93 al 96, de combinar la presión mediática con la acción institucional, entonces parlamentaria y hoy gubernamental. En 1998 Juan Villalonga era un empresario modelo, con una conducta intachable certificada tras una investigación de la CNMV. En el 2000 es un individuo sospechoso, cuya conducta debe ser investigada de nuevo, porque la investigación de 1998 se cerró en falso. Éste es el parecer del presidente del Gobierno, al que en un acto de servilismo repugnante el presidente de la CNMV se ha plegado de manera inmediata.Causa estupor la desvergüenza con que se está procediendo.
Ya en la pasada legislatura Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue relevado en la presidencia de la comisión reguladora del sector eléctrico por su desacuerdo con la ayuda billonaria concedida por Industria a las compañías, todavía con problemas en Bruselas. Pero lo que se ha hecho con la CNMV simplemente para vengarse de un antiguo amigo en el que se ha perdido la confianza es mucho más grave. Por la actuación del presidente del Gobierno y por el servilismo del presidente de la CNMV. ¿Hay alguien que pueda tener confianza en su independencia?