Las lámparas de rayos UVA serán inspeccionadas periódicamente
El Parlament aprobó ayer por unanimidad una propuesta que insta al Consell Executiu a inspeccionar periódicamente los aparatos de rayos ultravioleta (UVA) de los centros de bronceado artificial, que en los últimos dos años se han multiplicado de forma espectacular en Cataluña. El PSC no logró que prosperara su propuesta inicial, que pedía a la Generalitat la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de una normativa legal que regule la venta y el control sanitario e industrial de las pantallas de bronceado. CiU y el PP rechazaron esta propuesta con el argumento de que el Gobierno central ...
El Parlament aprobó ayer por unanimidad una propuesta que insta al Consell Executiu a inspeccionar periódicamente los aparatos de rayos ultravioleta (UVA) de los centros de bronceado artificial, que en los últimos dos años se han multiplicado de forma espectacular en Cataluña. El PSC no logró que prosperara su propuesta inicial, que pedía a la Generalitat la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de una normativa legal que regule la venta y el control sanitario e industrial de las pantallas de bronceado. CiU y el PP rechazaron esta propuesta con el argumento de que el Gobierno central ya está preparando un real decreto para la regulación de la venta y el uso de estos aparatos.La diputada del PSC-Ciutadans pel Canvi Caterina Mieras considera, sin embargo, que al margen del real drecreto, todavía no aprobado, la Generalitat debe "elaborar de forma urgente una normativa al respecto en el marco de sus competencias". "Lo único que se ha hecho hasta ahora es dictar instrucciones de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial en las que se dan las medidas de los pósteres de recomendaciones a los usuarios y se atribuye a los propietarios del establecimiento de bronceado la responsabilidad sobre sus másquinas", lamentó ayer Mieras.
Pese a que no existe ningún registro del número de lámparas de rayos UVA que hay en Cataluña, el PSC-Ciutadans pel Canvi calcula que en la actualidad hay al menos unos 20.000 aparatos de este tipo, "que sólo pasan un control fiscal".
Pese a que las empresas fabricantes y distribuidoras tienen normas internas de mantenimiento -entre ellas, la que obliga a cambiar los tubos fluorescentes cuando de han utilizado más de 400 horas-, el problema, según Mieras, es que "la Generalitat no garantiza que estos requisitos se cumplen". "No hay garantías de que estos aparatos, potencialmente muy peligrosos porque en determinadas longitudes de onda son cancerígenos, se mantengan en un estado que no perjudique la salud", afirma la diputada socialista.