La Federación de Caza reclamará daños a la Junta por la norma nula

La sentencia del TSJA que anula la orden dictada por el consejero de Agricultura y Pesca, Leocadio Marín, en junio de 1991 para regular la caza en Andalucía abre la puerta a las reclamaciones por daños y perjuicios, según la Federación Andaluza de Caza. Su presidente, Andrés Gutiérrez Lara, aseguró ayer que, sólo por la elaboración de planes técnicos en los cotos tramitados por su organización, podrán reclamar a la Junta de Andalucía alrededor de 500 millones de pesetas.El pulso entre los cazadores y la Administración autonómica se arrastra desde la aprobación de la orden por algunas cuestione...

La sentencia del TSJA que anula la orden dictada por el consejero de Agricultura y Pesca, Leocadio Marín, en junio de 1991 para regular la caza en Andalucía abre la puerta a las reclamaciones por daños y perjuicios, según la Federación Andaluza de Caza. Su presidente, Andrés Gutiérrez Lara, aseguró ayer que, sólo por la elaboración de planes técnicos en los cotos tramitados por su organización, podrán reclamar a la Junta de Andalucía alrededor de 500 millones de pesetas.El pulso entre los cazadores y la Administración autonómica se arrastra desde la aprobación de la orden por algunas cuestiones de contenido, como los requisitos sobre los planes técnicos, y otra de forma, al haber sido aprobada por un órgano (un consejero) que no tiene poder reglamentario, según los cazadores. La sentencia del TSJA, además, les ha dado la razón al considerar "radicalmente nula" dicha norma.

Pero no es la primera sentencia del tribunal andaluz contra la normativa de caza de la comunidad. La federación andaluza ya ganó los dos recursos que presentó contra la elaboración de planes técnicos y la designación de que el técnico competente para supervisarlos fuese ingeniero de montes. El Gobierno autonómico ha recurrido ante el Tribunal Supremo las dos sentencias contrarias a su normativa, el mismo camino que seguirá, casi con seguridad, ante el nuevo fallo del TSJA que anula la orden de Agricultura que regulaba la caza en Andalucía.

En la Comunidad, donde se conceden más de 219.000 licencias de caza, hay unos 200.000 cazadores afiliados a sociedades federadas, que gestionan el 86% de los 7.500 cotos andaluces.