Una polémica que se vuelve a repetir
Este enfrentamiento fiscal entre las tres diputaciones forales no es el primero y, seguramente, tampoco será el último. A finales del año 1997 un fuerte desfase en la recaudación tributaria prevista por la Hacienda de Vizcaya, que en principio se calculaba que alcanzaría los 23.000 millones de pesetas y finalmente se quedó en 8.500 millones, creó una agria polémica con las otras diputaciones, cuando las tres instituciones estaban gobernadas por el PNV.Fue un otoño caliente con reproches mutuos y críticas de las autoridades alavesas a las vizcaínas por no haber realizado una correcta gestión de...
Este enfrentamiento fiscal entre las tres diputaciones forales no es el primero y, seguramente, tampoco será el último. A finales del año 1997 un fuerte desfase en la recaudación tributaria prevista por la Hacienda de Vizcaya, que en principio se calculaba que alcanzaría los 23.000 millones de pesetas y finalmente se quedó en 8.500 millones, creó una agria polémica con las otras diputaciones, cuando las tres instituciones estaban gobernadas por el PNV.Fue un otoño caliente con reproches mutuos y críticas de las autoridades alavesas a las vizcaínas por no haber realizado una correcta gestión de sus finanzas, lo que era rechazado de plano por el diputado general de Vizcaya, entonces y ahora Josu Bergara.
El asunto se recondujo con las cifras finales: Álava y Guipúzcoa obtuvieron unos resultados excelentes (15.000 millones de pesetas más de lo previsto) y el agujero fiscal de Vizcaya se redujo hasta los 8.525 millones. Entonces, la aplicación del Fondo de Solidaridad que ahora propone Vizcaya solventó las dificultades de la Hacienda de Bergara, que, según la explicación oficial del entonces vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, se debio a diferencias en la homologación de los datos.
Acuerdo
El acuerdo auspiciado por Ibarretxe se sustanció en la aportación de un total de 5.312 millones de pesetas al Fondo de Solidaridad, de los que 3.552 millones procedieron del Gobierno vasco, 274 millones de las arcas de Álava, otros 569 millones de las de Guipúzcoa, mientras que Vizcaya aportó un total de 949 millones de pesetas.
Entonces, Juan José Ibarretxe alabó el comportamiento de la ley de Aportaciones, que se empezó a aplicar en el año 1997, y consideró que el Fondo de Solidaridad será siempre un instrumento que estará ahí, al servicio del conjunto de Euskadi. El entonces vicelehendakari vaticinó que no volvería a aplicarse si el conjunto de la comunidad autónoma vasca recuperaba el "pulso" económico.
La ley de Aportaciones es, como el Concierto Económico, un pacto que no está obligado por ninguna norma jurídica, por lo que su persistencia depende exclusivamente del acuerdo entre sus firmantes. Está vigente desde 1997 con un plazo de cinco años, por lo que en 2002 deberá formalizarse un nuevo pacto.
El Fondo de Solidaridad es el mecanismo ideado en el caso de que alguna de las tres diputaciones no alcanzase el 99% de la recaudación prevista durante el año debido a circunstancias extraordinarias, como una crisis económica u otros acontecimeintos no previstos, pero en ningún caso debido a una "relajación" recaudataria de alguna de las haciendas forales.