Segunda oportunidad
El español Joaquín José Martínez, de 27 años, condenado a muerte hace tres años en EE UU, tendrá la posibilidad de que se le juzgue de nuevo con las garantías debidas. El Tribunal Supremo del Estado de Florida ha considerado que su primer juicio estuvo repleto de irregularidades procesales y que se le privó de sus derechos constitucionales.De momento, el joven Martínez podrá salir del corredor de la muerte de la prisión estatal de Raiford (Florida), donde permanece junto a otros 370 condenados a la pena capital. Es un triunfo legal importante, debido básicamente a la formidable batalla jurídic...
El español Joaquín José Martínez, de 27 años, condenado a muerte hace tres años en EE UU, tendrá la posibilidad de que se le juzgue de nuevo con las garantías debidas. El Tribunal Supremo del Estado de Florida ha considerado que su primer juicio estuvo repleto de irregularidades procesales y que se le privó de sus derechos constitucionales.De momento, el joven Martínez podrá salir del corredor de la muerte de la prisión estatal de Raiford (Florida), donde permanece junto a otros 370 condenados a la pena capital. Es un triunfo legal importante, debido básicamente a la formidable batalla jurídica y política puesta en marcha con el apoyo institucional del Parlamento español y la asistencia técnico-jurídica del Colegio de Abogados de Madrid. Sin duda, el problema de fondo no son los errores judiciales ni la escasa fiabilidad de los procesos que comportan la pena capital en EE UU, sino la existencia y amplia aplicación de esta pena irreversible y vengativa en la sociedad más avanzada del mundo y que se considera a sí misma modelo para las demás.
Joaquín José Martínez tendrá al menos una segunda oportunidad de defenderse. Este nuevo proceso se suma a las evidencias cada vez más consistentes sobre la falta de neutralidad legal en la aplicación de la pena capital en EE UU, lo que está impulsando un debate intenso en la sociedad norteamericana sobre el mantenimiento de la pena capital. Algunos Estados han decidido establecer una moratoria sobre las condenas a muerte ante la dudosa legalidad de muchas de ellas. Es una razón más -además de su profunda inmoralidad y de su inutilidad en términos de ejemplaridad social y de reducción de la criminalidad- para que la sociedad norteamericana abomine de una vez de este residuo de barbarie.